España se ha sumado este viernes a la Declaración en apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), firmada en Nueva York por varios países, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones contra miembros del tribunal por sus investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por EE.UU. e Israel.
El documento, respaldado por naciones como Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y México, reafirma el compromiso con la independencia e integridad de la CPI, destacando su papel en la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y en la garantía de justicia para las víctimas.
Un golpe a la justicia internacional
Los países firmantes han denunciado que las sanciones impuestas por Trump ponen en riesgo la lucha contra la impunidad, socavan el derecho internacional y amenazan la seguridad de jueces, fiscales, testigos y víctimas que participan en los procesos de la CPI.
“El tribunal enfrenta desafíos sin precedentes, con sanciones que buscan intimidar a su personal y obstaculizar su labor", señala el comunicado. Además, advierten que estas medidas podrían forzar el cierre de oficinas de la CPI y afectar investigaciones en curso.
La CPI, creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, ha sido clave en la persecución de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha ratificado el tratado y ha mantenido una relación tensa con el tribunal, que se ha agravado con las recientes investigaciones sobre presuntos abusos en Afganistán y Palestina.
España y Europa refuerzan su apoyo a la CPI
El Gobierno español ha subrayado que la CPI es un pilar esencial para el orden global basado en normas, y ha reiterado su compromiso con la justicia internacional.
Este respaldo se enmarca en una postura más amplia de la Unión Europea, que ha rechazado en bloque la política de sanciones de Trump contra instituciones internacionales. Bruselas ya había condenado las sanciones impuestas en 2020, cuando EE.UU. bloqueó los activos y restringió visados a la fiscal Fatou Bensouda y otros funcionarios de la CPI.
Tensión entre EE.UU. y la CPI: ¿qué viene ahora?
Las sanciones impuestas por Trump han reavivado el debate sobre el papel de la CPI y la soberanía de los países ante tribunales internacionales. Mientras algunos gobiernos defienden la jurisdicción del tribunal como herramienta esencial para combatir la impunidad, otros, como Rusia, China y EE.UU., rechazan cualquier intervención en sus asuntos internos.
Los próximos pasos dependerán de si la administración de Trump endurece aún más sus medidas o si los países firmantes buscan mecanismos para proteger a la CPI y garantizar su operatividad sin represalias.
Por ahora, España y sus aliados han dejado claro que no cederán ante la presión estadounidense y seguirán defendiendo el papel de la Corte Penal Internacional como garante de la justicia global.
