El Gobierno constituye la Comisión Interministerial para luchar contra la corrupción en pleno asedio por causas judiciales
Bajo la presidencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha formalizado hoy la constitución de la Comisión Interministerial encargada de supervisar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Este organismo nace con el encargo de coordinar las reformas normativas aprobadas el pasado agosto, en un intento de proyectar una imagen de regeneración institucional.
La comisión cuenta con la participación de los ministerios de Trabajo, Justicia, Interior, Cultura y Transformación Digital, además del Gabinete de Presidencia. A la sesión constitutiva asistieron ministros como Yolanda Díaz, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska. El objetivo formal es monitorizar las 84 medidas del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que aborda desde la prevención hasta la recuperación de fondos malversados.
Sin embargo, la puesta en marcha de este organismo coincide con un escenario político marcado por la apertura de diversas causas judiciales que salpican al entorno del Ejecutivo. La oposición ha señalado la "incoherencia" de impulsar medidas de integridad mientras avanzan investigaciones como el caso Koldo, que investiga presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas; el caso Begoña Gómez, sobre presuntos delitos de tráfico de influencias; o las recientes diligencias en el caso SEPI y las conexiones con el rescate de Plus Ultra, entre otros muchos.
Calendario legislativo y supervisión de la OCDE
Pese a las críticas, el Ministerio de Hacienda mantiene su hoja de ruta administrativa. El calendario previsto establece que el proyecto de ley llegue al Congreso en junio de este año, buscando su aprobación definitiva para junio de 2027. Además, el Plan se someterá a exámenes externos por parte de la OCDE en julio de 2026 y 2027, un trámite con el que el Gobierno espera validar internacionalmente sus protocolos de transparencia.
Desde formaciones como el Partido Popular, la crítica ha sido clara. Su portavoz ha calificado la comisión como "un ejercicio de cinismo burocrático", argumentando que "no se puede legislar contra la corrupción con la sede del Gobierno bajo sospecha judicial".
En la misma línea, el grupo parlamentario Vox ha cuestionado la utilidad de una agencia de integridad controlada por el propio Ejecutivo, sugiriendo que el plan busca más un blindaje mediático que un control efectivo.