La transparencia empieza cuando el Estado se retira: cámaras binacionales privadas y el fin de los privilegios

Durante años, la diplomacia económica fue concebida como una herramienta mediante la cual los Estados debían promover comercialmente a sus países. Embajadas con departamentos comerciales, agregadurías económicas y funcionarios dedicados a “vender” a la nación en el exterior se volvieron una práctica habitual. Sin embargo, mi experiencia en la función pública y las reflexiones desarrolladas en mi ensayo Diplomacia de la libertad me llevaron a cuestionar profundamente ese paradigma.

La razón es sencilla: los países no se venden. Lo que se venden son bienes y servicios. Y quienes venden esos bienes y servicios no son los diplomáticos ni los funcionarios públicos, sino los empresarios que los producen.

Cuando el Estado se coloca en el medio de esa relación entre productores y consumidores aparece inevitablemente una zona gris. En ese espacio surgen privilegios, prebendas y negociaciones impropias entre política y negocios. Como ha señalado el presidente Javier Milei en reiteradas oportunidades: “los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta”.

Esta frase resume un problema estructural que ha atravesado durante décadas a muchas economías: la alianza entre política y sectores empresariales privilegiados. Regulaciones diseñadas para beneficiar a determinados actores, subsidios selectivos o barreras a la importación son ejemplos clásicos de este fenómeno. La historia económica muestra múltiples casos de industrias protegidas por el Estado que obtuvieron ventajas artificiales frente a competidores más eficientes, trasladando el costo final a los consumidores.

En mi ensayo propongo una alternativa institucional para evitar ese problema: la creación de cámaras empresariales binacionales completamente privadas, sin subsidios estatales ni participación de embajadas o funcionarios públicos. Su función sería simple: conectar empresarios con empresarios para que los negocios los definan ellos mismos.

Paradójicamente, la ausencia del Estado en ese vínculo genera más transparencia. Cuando desaparece el intermediario político, desaparece también la posibilidad de negociar privilegios regulatorios o beneficios discrecionales. El empresario solo puede competir ofreciendo mejores productos a mejores precios.

Este enfoque también puede analizarse desde el concepto de eficiencia dinámica desarrollado por el economista Jesús Huerta de Soto. A diferencia de la eficiencia estática —centrada en la asignación óptima de recursos en un momento determinado— la eficiencia dinámica pone el foco en el proceso creativo del mercado: el descubrimiento constante de oportunidades empresariales.

Cuando dos empresarios interactúan libremente, sin intermediación estatal, ese proceso de descubrimiento se intensifica. Surgen nuevas alianzas comerciales, nuevas oportunidades de inversión y soluciones productivas que ningún burócrata podría planificar.

Existe además un motivo ético detrás de esta propuesta. Como funcionario público, uno enfrenta permanentemente una tensión moral al intentar “ayudar” al sector privado desde el Estado. Si se busca facilitar negocios para determinadas empresas, existe el riesgo de convertirse, incluso involuntariamente, en un lobista que altera la competencia. Pero si el funcionario se ubica estrictamente del lado de la defensa del aparato estatal, el resultado suele ser el extremo opuesto: burocracia, regulaciones y obstáculos que terminan asfixiando la iniciativa empresarial.

En cualquiera de los dos casos el funcionario termina ocupando un lugar que no le corresponde. Ese lugar pertenece al mercado.

Por eso sostengo que las embajadas no deben “vender Argentina”. Argentina no es un producto. Los que venden son los empresarios; los que compran son los consumidores. El rol más eficiente que puede cumplir el Estado en esa relación es, simplemente, correrse del medio.

Un modelo basado en cámaras empresariales privadas también permitiría reducir significativamente la estructura estatal dedicada a la promoción comercial exterior. Menos burocracia, menores costos administrativos y, en última instancia, un Estado más pequeño.

La diplomacia del siglo XXI debe comprender algo fundamental: el comercio internacional no se construye desde los escritorios del Estado, sino desde la creatividad de los empresarios. Y cuanto más lejos esté la política de ese proceso, más libre, más transparente y más próspera será la economía.