¿Quién es el lobby más feroz?
La reciente impugnación de varios artículos del Real Decreto 942/2025 por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reabierto un viejo debate en España: el papel de la farmacia de proximidad y el alcance de su exclusividad en la dispensación de determinados productos sanitarios. El organismo regulador considera que limitar la venta de pruebas de autodiagnóstico —como test de embarazo, gripe o Covid— a las oficinas de farmacia restringe la competencia y podría elevar precios o reducir el acceso de los consumidores. Sin embargo, esa lectura ignora un elemento esencial del sistema sanitario español: la farmacia no es solo un punto de venta, sino una pieza asistencial del sistema de salud.
El Real Decreto establece que estos productos pueden dispensarse sin receta, pero exclusivamente a través de farmacias, tanto de forma presencial como mediante sus canales digitales autorizados. Además, prohíbe su venta a través de plataformas generalistas o máquinas expendedoras. La CNMC entiende que estas restricciones son desproporcionadas y que establecimientos como supermercados podrían cumplir igualmente los requisitos de seguridad, conservación y trazabilidad. Incluso argumenta que ampliar los canales de venta aumentaría la competencia y abarataría los precios.
Sin embargo, reducir esta cuestión a un problema de competencia comercial es una simplificación excesiva. Los productos de autodiagnóstico no son simples bienes de consumo, son instrumentos sanitarios cuyo uso puede generar decisiones médicas relevantes. Un resultado positivo o negativo no es solo un dato: puede requerir interpretación, consejo profesional y, en muchos casos, orientación hacia el sistema sanitario.
En España existen más de 22.000 farmacias distribuidas por todo el territorio. Muchas de ellas se encuentran en pequeños municipios o en barrios con especiales dificultades socioeconómicas. Allí, el farmacéutico es con frecuencia el profesional sanitario más accesible, y en ocasiones el único disponible de manera inmediata. Este modelo territorial garantiza una red sanitaria de proximidad que difícilmente se sostendría si la dispensación se tratara exclusivamente como un mercado abierto más.
Por eso el debate sobre el supuesto “lobby farmacéutico” merece cierta perspectiva. Las farmacias españolas son, en su inmensa mayoría, pequeñas empresas sanitarias de carácter familiar. No se trata de grandes corporaciones con capacidad de presión económica comparable a la de las cadenas de distribución o plataformas digitales globales.
De hecho, el propio secretario de Estado de Sanidad ha recordado recientemente que adquirir un test de VIH o de cualquier otra enfermedad en un supermercado, sin mediación de un profesional sanitario, no necesariamente representa una victoria de la competencia, sino una pérdida de calidad asistencial en el proceso diagnóstico.
En un país con profundas desigualdades territoriales y con amplias zonas rurales, la farmacia sigue siendo una infraestructura sanitaria de primer nivel.
En ese contexto, conviene plantearse la pregunta inicial con cierta ironía: si realmente existe un lobby feroz, ¿está formado por miles de pequeñas farmacias que sostienen servicios sanitarios de proximidad, o por los grandes canales de distribución que aspiran a convertir cualquier producto sanitario en un artículo más de supermercado?