La “paz total” de Gustavo Petro que nunca llegó a Colombia
Cada dos horas se producen tres homicidios en Colombia. Solo en la noche del 24 de diciembre se registraron 48 asesinatos. El año 2025 fue, además, el más violento del actual gobierno en términos de homicidios y también el peor de toda la última década en términos cuantitativos. Según el Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se registraron 13.817 homicidios. Este año, con toda probabilidad, se superarán los 14.000. Un desastre sin necesidad de usar eufemismos.
Si tenemos en cuenta que la población de España es similar a la de Colombia —unos cincuenta millones de habitantes—, las cifras de homicidios en el país latinoamericano multiplican casi por cuatrocientas las de la nación europea, donde en 2024 se contabilizaron 348 asesinatos. La violencia bajo el que muchos consideran el peor gobierno de la historia reciente de Colombia está desbocada. El presidente Gustavo Petro, perdido en un laberinto de corrupción, escasa ejecución práctica y nulos o muy pobres resultados en todas las áreas, es ya incapaz de gobernar el país y mucho menos de imponer orden, cuando apenas restan seis meses para que abandone la presidencia.
Los grupos criminales —como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y los carteles del narcotráfico— campan a sus anchas e imponen su ley en numerosos departamentos, pueblos y veredas. Las regiones más afectadas son Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander. El país, además, nada literalmente en coca: más de 253.000 hectáreas están dedicadas a este cultivo, lo que ha convertido a Colombia en el mayor productor mundial de cocaína. Concretamente, el 67 % de la cocaína producida a nivel global procede del suelo colombiano, según un informe de Naciones Unidas.
Otro aspecto a consignar en el debe de Petro, dentro de su fallida estrategia de la llamada “Paz Total”, es la violencia generalizada que azota a todo el país. Solo este año se reportaron al menos 76 masacres, con un saldo de 250 víctimas, y más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. También han sido desplazados por la violencia más de 101.000 colombianos, según la Defensoría colombiana. ¿Por qué se están produciendo todos estos episodios de violencia extrema en Colombia?
Algunos mandos retirados de las Fuerzas Armadas sostienen que esta ola de violencia tiene mucho que ver con un menor gasto en medios materiales y en personal. Un informe de la Procuraduría colombiana, conocido por la emisora La FM la semana pasada, advertía de “un debilitamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, reflejado en la reducción del pie de fuerza, limitaciones presupuestales y dificultades en capacidades clave para enfrentar los actuales desafíos de seguridad en Colombia”.
También se señalan graves fallos en la inteligencia colombiana. El actual director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es Jorge Arturo Lemus Montañez, un antiguo guerrillero de la organización terrorista M-19. Asimismo, reviste gran relevancia que el responsable de la inteligencia estratégica de ese organismo, Wilmar Mejía, es señalado por sus presuntos vínculos con disidencias de las FARC, aunque él los ha negado. ¿Cómo se puede dejar en manos de dos personas sin experiencia acreditada en materia de inteligencia, y procedentes de la izquierda más radical, la seguridad de un Estado tan acosado por la criminalidad organizada como el colombiano?
La periodista del diario madrileño El País, Valentina Parada Lugo, describía con precisión lo que está ocurriendo en el país: “Este año, Colombia volvió a vivir hechos que parecían haber quedado atrás hace dos o tres décadas: un magnicidio, tomas armadas que paralizaron municipios, bombardeos repetidos sobre campamentos de grupos armados ilegales. Aunque el contexto es distinto y los actores armados se han fragmentado, en 2025 la seguridad y el orden público marcaron la agenda política y social. El balance es agrio, incluso para el propio Gobierno de Gustavo Petro”.
¿Qué puede suceder en los meses que le restan de mandato a Gustavo Petro? Evidentemente, una vez constatado el fracaso del presidente a la hora de contener la violencia descontrolada mediante su “Paz Total” —que supuestamente iba a resolverse negociando con los grupos armados en “tres meses”—, la actividad de estas organizaciones ilícitas se recrudecerá. Los ataques violentos, como el ocurrido hace unas semanas en la devastada localidad de Buenos Aires, estarán a la orden del día.
Existe un acuciante problema de falta de autoridad, desde el vértice del poder hasta el último eslabón de unas Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad profundamente desmoralizados, al comprobar que no cuentan con la confianza de quienes hoy gobiernan Colombia. Todo ello provoca el actual desorden público y una inseguridad creciente en las calles del país. La violencia, con toda seguridad, seguirá disparada, nunca mejor dicho.