Marcianos, sanidad "universal" y el último brindis de un sistema en la UCI

Cuentan las crónicas de la política valenciana que, cuando Ximo Puig y Carmen Montón decidieron que su Consejería de Sanidad ya no era solo de Sanidad, sino también "Universal", algún escéptico levantó la mano para preguntar si aquello incluía también a los ‘marcianos’. La profecía, cargada de guasa, terminó por cumplirse de la forma más literal posible: el gobierno cambió y acabó llegando un consejero llamado, precisamente, Marciano. Cosas del destino o del sentido del humor del universo, que siempre tiene la última palabra.

Pero fuera de las anécdotas nominales, el Boletín Oficial del Estado acaba de publicar el Real Decreto 180/2026, una norma que parece redactada en una nube de incienso y buenos deseos, justo cuando nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) está más cerca del colapso que de la gloria.

Desde un punto de vista puramente ético, el decreto es una oda a la humanidad. ¿Quién podría negarle un médico a alguien que sufre? La norma busca garantizar que cualquier persona extranjera, aunque no tenga los papeles en regla ni residencia legal, pueda acceder a la protección de la salud con cargo a fondos públicos. Es ese humanismo de salón que queda estupendamente en un preámbulo, apelando a la justicia y a la vulnerabilidad.

Sin embargo, hay algo de cinismo en proclamar la universalidad total cuando el ciudadano que paga sus impuestos cada mes tiene que esperar diez días para una cita en atención primaria o meses para una ecografía. Le pedimos al sistema que abra los brazos de par en par cuando apenas le quedan fuerzas para mantener los suyos en alto.

El texto legal se esfuerza en eliminar "barreras burocráticas". Ahora, para acreditar la residencia y acceder al sistema, basta con casi cualquier cosa: desde una factura de la luz hasta un certificado de una ONG. Incluso se entrega un ‘documento provisional’ que da acceso inmediato mientras se tramita el papeleo.

Aquí es donde entra el indudable "efecto llamada". Si España se consolida como el hospital gratuito de referencia, donde no se exige antigüedad mínima para ser atendido con cargo al erario público, la lógica es implacable. Estamos invitando a la cena cuando la despensa está bajo mínimos. Atender a personas que, legalmente, no deberían estar en el territorio español, genera una presión añadida sobre unos profesionales sanitarios ya desbordados.

Resulta paradójico que se amplíen derechos de forma tan laxa precisamente cuando el SNS anda más delicado de "salud". El decreto habla de eficiencia y de uso de medios electrónicos, pero la realidad a pie de ambulatorio es la de un sistema que cruje. Hasta ahora la sanidad se daba a toda persona por urgencias, a las madres gestantes y a los niños.  

Ahora habrá que dar sanidad a toda persona del mundo mundial sin hacer un estudio previo de qué recursos y financiación contamos, porque no valorar el tema económico significa que no va a tener sanidad en España ni el extranjero ilegal, ni el legal, ni el español. 

En definitiva, este Real Decreto es un monumento a la buena conciencia política. Es humano, sí, pero también peligrosamente ingenuo. Mientras seguimos debatiendo si atender o no a los "marcianos", el sistema se desangra, víctima de una generosidad que, a veces, parece olvidar que los recursos —a diferencia de la demagogia— son finitos.