El juego de la patata caliente y los límites del delito
La imputación de un exjefe del Ejecutivo por organización criminal y tráfico de influencias ha dinamitado las pocas reglas de cortesía que quedaban en la política española. Ya no estamos ante el típico rifirrafe de partido; es un terremoto institucional que obliga a la Presidencia a activar su manual de supervivencia más frío: si hay que amputar un brazo político para salvar la cabeza, se hará sin parpadear. El verdadero peligro para el Gobierno no es el desgaste de sus antiguas siglas, sino que la instrucción judicial consiga demostrar que el Consejo de Ministros aprobó un rescate millonario sabiendo perfectamente que la operación era un traje a medida. Aquí es donde la gestión se disuelve y empieza el Código Penal: ¿dónde termina la legítima discrecionalidad política y dónde empieza el delito? El límite legal lo marca el dolo; es decir, demostrar que los cargos públicos firmaron a sabiendas de la ilegalidad del acto, convirtiendo la decisión administrativa en pura prevaricación.
Para esquivar este golpe, los despachos de poder han puesto en marcha el juego de la "patata caliente". Por un lado, la defensa argumentará que la actividad posterior al cargo se limitaba a la consultoría privada, un terreno donde las llamadas "puertas giratorias" y los circuitos internacionales de conferencias pagadas por intereses extranjeros operan a menudo en un limbo alegal de influencia. Su escudo penal será afirmar que si el dinero público se desembolsó, fue porque los filtros técnicos y de control administrativo dieron el visto bueno. Por otro lado, los ministros firmantes alegarán que actuaron bajo el principio de buena fe y confianza legítima, sosteniendo que si existía una trama de comisiones en la sombra, el propio aparato del Estado fue el primer engañado.
En este punto del proceso, la prudencia obliga a la contención absoluta. Frente a la tentación del linchamiento público y el ruido de los juicios paralelos, se impone la necesidad democrática de respetar escrupulosamente la presunción de inocencia. Dado nuestro escaso conocimiento real sobre los entresijos del sumario, resulta irresponsable dictar sentencias mediáticas anticipadas. Corresponde únicamente a la Justicia hacer su trabajo sin interferencias ni presiones políticas, y determinar si en este caso concreto existe verdaderamente un salto cualitativo hacia la criminalidad, o si por el contrario nos encontramos ante las ya habituales deficiencias de unos mecanismos de control que simplemente no funcionan.
El colapso de los organismos reguladores independientes resulta, en cualquier caso, clamoroso. Diseñados teóricamente para vigilar la competencia, la transparencia de los mercados y el uso del dinero público, estas entidades han demostrado ser meros tigres de papel o, peor aún, cómplices por omisión. Su incapacidad para detectar el desvío de fondos o alertar sobre las incompatibilidades no es casual; el sistema de cuotas partidistas para nombrar a sus cúpulas garantiza una ceguera voluntaria. Cuando los perros guardianes del Estado están domesticados por el poder político, los controles preventivos fallan y el delito encuentra el camino libre para institucionalizarse.
Demostrar la criminalidad en este nivel del Estado es el verdadero desafío para los investigadores. En delitos de guante blanco, la Justicia no busca confesiones, sino la trazabilidad de los indicios: el cruce de agendas oficiales con reuniones opacas, correos internos que contradigan los informes técnicos oficiales y, sobre todo, el rastro del beneficio económico oculto tras complejas estructuras societarias. Para curarse en salud antes de que los peritos unan estos puntos, la estrategia gubernamental suele pasar por una jugada profiláctica clásica: sacar de la circulación nacional a las piezas clave de los ministerios implicados antes de que estallen los informes policiales, dispersándolas en la política autonómica. Si el marrón administrativo quema, que estalle lejos del centro de mando.
Pero el problema de fondo es que la veda del "y tú más" se ha abierto en grado superlativo y ya no hay marcha atrás. Estamos ante un escenario de barra libre donde el oficialismo, acorralado, enciende el ventilador a máxima potencia. Esto desata el pánico en actores del pasado político y empresarial, que ven con preocupación cómo la tormenta puede desenterrar viejos fantasmas: desde los grandes escándalos históricos de la oposición hasta las adjudicaciones de contratos de emergencia que duermen en los archivos territoriales. Las puertas giratorias, que durante décadas colocaron a altos cargos en los consejos de administración de sectores estratégicos regulados, se perciben hoy como arsenales llenos de secretos, listos para ser utilizados como micronización de chantaje mutuo.
El desembarco de estos políticos en la gran empresa privada expone la verdadera naturaleza de las corporaciones. Las multinacionales, muy probablemente, no buscan incorporar a estos perfiles por sus inexistentes conocimientos empresariales o de gestión comercial; los fichan posiblemente para monopolizar su agenda de contactos y tener una influencia directa sobre el gobierno de turno. El sueldo millonario en un consejo de administración podemos pensar que funciona, en unos casos, como el pago diferido en agradecimiento a ayudas prestadas durante el mandato, y en otros, como una inversión de futuro para mantener el control y el tutelaje político sobre los sucesores del partido. Se me ocurre pensar como pueblo llano y a la vista de lo sucedido en otros países, que el expresidente corporativo se pudiera convertir así en un lobbista VIP que opera desde la sombra para moldear leyes a la medida de la empresa que ahora le paga.
Serán exclusivamente los tribunales quienes diriman si esta red de intereses ha cruzado la frontera penal o si se mantiene en el tradicional e impune paisaje del capitalismo de amiguetes y el clamor de la inacción de los mecanismos de control que a toda vista es uno de los problemas.
Cuando la política se reduce a ver quién tiene el armario más lleno de basura, nadie está a salvo. La oposición tiene mucho que perder en un cuerpo a cuerpo donde se empiece a escarbar en el lodo del pasado. El Ejecutivo confía en que este miedo mutuo actúe como un freno colectivo y en que sus socios de coalición o investidura no le abandonen por puro pánico a una disolución anticipada. Al final, el plan de supervivencia es tan simple como descarnado: dejar que los antiguos cuadros se peleen por la patata caliente en los juzgados, tensionar los contrapesos del sistema, aguantar el chaparrón mediático y anestesiar el escándalo con el único objetivo de agotar los plazos legales de la legislatura.