Impuestos y sanidad: quién paga y quién recibe en España
El último análisis del Observatorio de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) vuelve a poner números a la intuición: el Estado no es una abstracción, sino una enorme máquina de redistribución donde unos pagan y otros reciben. En este caso voy a fijarme en dos pilares esenciales de su último informe: los impuestos y el gasto sanitario.
La primera conclusión es clara, aunque poco sorprendente: el sistema sigue siendo progresivo. Los hogares con menos renta reciben más de lo que aportan, mientras que los de mayor renta son contribuyentes netos. En 2023, los tres primeros quintiles obtienen un saldo positivo, mientras que los dos superiores pagan más de lo que reciben. Dicho de otro modo: la redistribución funciona… al menos en términos agregados.
Pero cuando se baja al detalle sanitario, la cosa se vuelve más interesante.
La sanidad pública representa en torno al 8,7% de la renta bruta de los hogares y sigue siendo uno de los mecanismos más potentes de redistribución. Por sí sola reduce la desigualdad en torno a un 8,5%, una cifra nada despreciable. Esto se debe a una lógica sencilla: el acceso es prácticamente universal, pero el uso no lo es. Las personas con menor renta, mayor edad o peor salud utilizan más el sistema, mientras que los contribuyentes con rentas altas, aunque lo financian en mayor medida vía impuestos, lo usan proporcionalmente menos.
Así aparece la pregunta que puede resultar incómoda: ¿quién paga la sanidad y quién la disfruta? La respuesta fácil es que la pagan sobre todo las rentas medias y altas, pero la reciben en mayor medida las rentas bajas y los mayores. Nada escandaloso, por otra parte: es el diseño clásico del Estado del bienestar.
El problema no está tanto en el “quién”, sino en el “cómo evoluciona”.
Entre 2022 y 2023, el gasto sanitario crece (un 4,9%), pero su peso relativo en la renta de los hogares cae ligeramente. Traducido: hay más dinero, pero menos capacidad redistributiva. En paralelo, el conjunto del sistema fiscal pierde eficacia redistributiva. Los impuestos reducen menos la desigualdad que el año anterior, y el resultado final es que la desigualdad después de la intervención pública aumenta.
El Estado sigue redistribuyendo, pero cada vez lo hace con menos intensidad. Y eso, en un contexto de envejecimiento y presión sobre el gasto sanitario, no es precisamente tranquilizador.
¿Vamos a mejor o a peor? Si uno mira solo el tamaño del sistema, podría decir que a mejor. Si observa su capacidad para corregir desigualdades, la respuesta es menos optimista. La redistribución pierde algo de fuerza, la desigualdad sube ligeramente y el equilibrio entre lo que se paga y lo que se recibe empieza a tensarse. Nada se ha roto todavía. Pero tampoco parece que estemos afinando el sistema. Y en estas cosas, cuando uno deja de mejorar, normalmente empieza a empeorar.