Cuando adelgazar no es un lujo
En pocos años, los fármacos GLP-1 – que son los péptidos similares al glucagón tipo 1 – (como Ozempic, Wegovy, Saxenda…) han pasado de ser un tratamiento para la diabetes a convertirse en la gran promesa terapéutica frente a la obesidad. Su eficacia es indiscutible, pero también lo es su precio, difícilmente asumible por los sistemas públicos de salud, si su uso se extendiera a la indicación de pérdida de peso.
En un movimiento sin precedentes, la Organización Mundial de la Salud ha incorporado las terapias basadas en CLP-1 a su Lista Modelo de Medicamentos Esenciales y ha publicado directrices globales que reconocen su papel en el tratamiento de la obesidad como parte de un enfoque integral de salud pública. Este reconocimiento responde al hecho de que estos medicamentos no solo favorecen la pérdida de peso, sino que también reducen riesgos cardiovasculares y otras complicaciones metabólicas asociadas con la obesidad, una enfermedad crónica que afecta a más de mil millones de personas en el mundo y se asocia a millones de muertes cada año. La OMS subraya que, si bien los fármacos no son una solución única, su inclusión entre los ‘medicamentos esenciales’ busca mejorar su asequibilidad, disponibilidad y acceso equitativo, especialmente en países con recursos limitados, y pone de manifiesto la gravedad de la epidemia de obesidad, como un problema de salud global.
Hoy por hoy, el problema es el precio de estos medicamentos, capaz de afectar gravemente a los presupuestos sanitarios y, sin embargo, existe una vía —poco comentada y, a la vez, profundamente lógica— que podría conducir a una drástica caída de precios en pocos años: anticipar su financiación pública para la obesidad justo antes de la expiración de las patentes, preparando así la llegada de biosimilares obligados a competir bajo presión regulatoria. Además, en los años en que todavía no fuesen financiados se conocerían mejor sus posibles efectos secundarios, una cuestión importante a la hora de su prescripción generalizada.
La historia reciente ofrece un ejemplo útil. En el mercado de los tratamientos para la disfunción eréctil, moléculas como el sildenafilo o el tadalafilo -Viagra, Cialis etc…- vieron caducar sus patentes sin que ello se tradujera en bajadas de precio comparables a otros medicamentos. ¿La razón? Prácticamente ningún país decidió financiarlos en su sistema nacional de salud. Sin la intervención del pagador público, los fabricantes nunca estuvieron forzados a competir con la intensidad habitual del mercado financiado. Se mantiene, por tanto, un equilibrio peculiar: existen genéricos, pero no hay una auténtica guerra de precios.
Si trasladamos esta lección al caso de los GLP-1, la diferencia es evidente. Hoy solo se financian para diabetes, no para obesidad, lo que mantiene sus precios en un nivel difícilmente sostenible si se pretendiera extender su uso a millones de potenciales pacientes. Pero precisamente por esa magnitud, si la sanidad pública decidiera financiar la indicación de pérdida de peso en un momento estratégicamente elegido —algún año antes del fin de las patentes— generaría un cambio de escenario. La financiación pública crea una obligación de competencia: los precios deben ajustarse para que el sistema pueda asumir el volumen. Y cuando aparezcan los biosimilares, esta presión se multiplicará. El resultado, a medio plazo, sería un descenso brusco, similar al observado en otras terapias de alto coste cuyo uso masivo obligó a replantear precios. También podría intentarse una ampliación de sus indicaciones financiadas a otras patologías graves, particularmente las de tipo cardiovascular, algo que de una forma o de otra se hace ya.
España, que figura como el país de la Unión Europea con mayor prevalencia de sobrepeso entre los hombres y ocupa el puesto número doce a nivel mundial, no puede permanecer ajena a esta cuestión. Las cifras de obesidad se traducen en un impacto sanitario y económico creciente, y los GLP-1 —al precio actual— no podrían incorporarse de forma generalizada sin alterar profundamente las cuentas públicas. Pero precisamente por la magnitud del problema, se abre la oportunidad de ordenar el mercado de manera inteligente: planificar la financiación antes de tiempo para que el poder negociador del sistema público actúe como palanca y prepare el terreno para la competencia biosimilar.
La estrategia, consistiría en aplicar principios clásicos: previsión, regulación y equilibrio entre innovación y sostenibilidad. Si se actúa con antelación, los GLP-1 podrían convertirse en terapias accesibles, con precios muy inferiores a los actuales, y hacerlo sin comprometer la viabilidad del sistema sanitario. El reto es grande, pero también lo es la ocasión de encauzar unos medicamentos que, bien gestionados, pueden aportar muchos beneficios a la salud.