El alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, ha reclamado explicaciones al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante el posible desbordamiento de los servicios municipales, especialmente los sociales, derivado del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo central.
En una carta remitida formalmente, el regidor expresa su “queja institucional” por el impacto que esta medida está teniendo en el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y en la atención a los vecinos, advirtiendo de que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes.
Falta de recursos y criterios claros
El escrito subraya que uno de los principales problemas radica en la exigencia de acreditar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes, un requisito que, según el Consistorio, carece de una definición clara en cuanto a criterios, competencias y procedimientos.
Esta indefinición está obligando a los ayuntamientos a asumir una carga administrativa y técnica para la que, según denuncia De la Uz, no existe previsión de recursos, financiación ni plazos de adaptación, lo que genera inseguridad jurídica entre los profesionales municipales.
El alcalde advierte de que esta situación podría derivar en un colapso de los servicios esenciales, afectando directamente a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Petición de medidas urgentes al Gobierno
Ante este escenario, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno central una serie de actuaciones inmediatas. Entre ellas, destaca la necesidad de definir qué profesionales municipales están habilitados para acreditar la vulnerabilidad, así como la aprobación de un marco técnico claro que regule este proceso.
Además, De la Uz reclama financiación estatal específica para que los consistorios puedan hacer frente a esta carga extraordinaria, así como la posible ampliación de los plazos administrativos para tramitar las solicitudes con garantías.
Advertencia sobre el impacto en la ciudadanía
El alcalde concluye su misiva señalando que una respuesta rápida es imprescindible para evitar un perjuicio mayor tanto en los servicios municipales como en la ciudadanía, insistiendo en que la situación actual pone en riesgo la capacidad operativa de los ayuntamientos.
Este posicionamiento refleja la creciente preocupación de varias administraciones locales ante el impacto que puede tener la implementación de medidas estatales sin una adecuada coordinación ni dotación de recursos.
