Vecinos de San Blas-Canillejas rechazan la cesión del Palacio de Torre Arias al Banco de España
Asociaciones vecinales rechazan ceder el Palacio de Torre Arias al Banco de España por vulnerar su uso público y su protección histórica
Las asociaciones vecinales de San Blas-Canillejas han mostrado su rechazo frontal a la posible cesión del Palacio de la Quinta de Torre Arias al Banco de España, una iniciativa que, según denuncian, vulneraría el carácter público del espacio y su régimen de protección patrimonial.
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Quinta de Torre Arias, junto a la Coordinadora de Entidades de San Blas-Canillejas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, han expresado su oposición a la propuesta del organismo, que pretende instalar en el edificio un Centro de Educación Financiera y un centro de formación para su propio personal.
Los colectivos consideran que este uso no se ajusta al Plan Especial de Protección aprobado en 2018, que establece que las edificaciones de la finca deben destinarse preferentemente a equipamientos culturales y educativos de carácter público, vinculados a la investigación y a la divulgación de las características históricas de la quinta, con especial atención a su pasado agropecuario.
Además, el plan urbanístico señala expresamente que no se prevé la implantación de usos de titularidad privada ni su gestión mediante concesión, por lo que la cesión solicitada por el Banco de España supondría, según el movimiento vecinal, un incumplimiento del marco normativo vigente.
Las entidades advierten también de que la propuesta rompería la unidad histórica y funcional del conjunto, ya que el palacio, las edificaciones anexas, las huertas y los jardines forman parte de un espacio protegido como Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico, que debe conservarse como un todo indivisible.
Para las asociaciones, cualquier intervención debe respetar la integridad del recinto y priorizar usos públicos, educativos y relacionados con la actividad agropecuaria, además de garantizar la participación ciudadana en su gestión. En su comunicado, recuerdan que el objetivo del plan de protección es mantener el carácter integral de la finca como espacio de recreo y explotación agrícola al servicio del interés general.
El movimiento vecinal subraya además que ya existe un precedente judicial relevante. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un plan municipal que pretendía segregar parte de la quinta para usos educativos privados, una decisión considerada entonces como una victoria ciudadana clave para frenar la privatización del espacio.
Ante la nueva propuesta, las organizaciones anuncian que vigilarán el cumplimiento del planeamiento urbanístico y que impulsarán acciones de interlocución institucional y social para garantizar la restauración y rehabilitación de la finca como un proyecto público, unitario y orientado al bien común.