Durante una rueda de prensa celebrada en la sede colegial, el decano del COAM, Sigfrido Herráez, aseguró que la prioridad de la actual dirección es proteger el resultado de las urnas y respetar los procedimientos judiciales todavía abiertos.
La Junta de Gobierno recordó que obtuvo alrededor de 1.300 votos, equivalentes al 54% de los sufragios emitidos en las elecciones celebradas hace un año. Según explicó Herráez, cinco de los ocho grupos representados en el Colegio respaldan la posición de la actual dirección ante el conflicto institucional.
Los responsables colegiales insistieron en que la democracia interna debe prevalecer sobre cualquier interpretación que permita que una candidatura derrotada asuma el control de la institución sin pasar nuevamente por las urnas.
Un auto judicial paraliza la toma de posesión prevista para este martes
La comparecencia se produjo después de que un juzgado acordara suspender provisionalmente el acto de toma de posesión que estaba previsto para la tarde de este martes.
Según explicó la Junta de Gobierno, el tribunal ha estimado un recurso de reposición y ha decidido paralizar cautelarmente la ejecución de la resolución del presidente de la mesa electoral mientras continúa la tramitación del procedimiento y se presentan las correspondientes alegaciones.
Desde el COAM interpretan esta decisión como una llamada a la prudencia y consideran que impide que se produzcan cambios de gobierno mientras los tribunales siguen analizando el fondo del conflicto.
Tres procedimientos judiciales abiertos
La actual dirección explicó que existen varios procedimientos judiciales relacionados con el proceso electoral.
Uno de ellos afecta a la elección de representantes colegiales y otros dos están vinculados a la elegibilidad de los miembros de la actual Junta de Gobierno. El origen de la controversia radica en la interpretación de los estatutos sobre los límites de mandato y la posibilidad de concurrir a una nueva elección tras haber ejercido previamente responsabilidades colegiales.
Herráez defendió que la candidatura actuó siempre conforme a derecho y recordó que las medidas cautelares adoptadas en su momento permitieron su participación en los comicios celebrados en mayo de 2025.
La Junta sostiene que la solución pasa por volver a votar
La dirección colegial afirmó que, en caso de que los tribunales determinen finalmente que la candidatura no podía haberse presentado, la salida adecuada sería convocar nuevas elecciones.
A juicio de la Junta, los arquitectos que participaron en los comicios no pueden verse perjudicados por posibles errores de interpretación administrativa o estatutaria. Por ello, consideran que la repetición del proceso electoral sería la única alternativa compatible con el principio democrático.
Los responsables colegiales insistieron en que los estatutos permiten convocar nuevas elecciones antes de agotar una legislatura y señalaron que esa sería la vía que respaldarían si la Justicia dictaminara que existió alguna irregularidad en la candidatura.
Petición de apoyo institucional
Ante la situación generada, el COAM ha solicitado respaldo a distintas instituciones, entre ellas el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid y la Unión Interprofesional.
La Junta de Gobierno sostiene que cualquier cambio en la dirección del Colegio debe producirse respetando los procedimientos establecidos y las resoluciones judiciales en vigor.
Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia de todos los grupos implicados para evitar una escalada de la confrontación y preservar la estabilidad institucional de una corporación que representa a miles de arquitectos madrileños.
El Colegio plantea una reforma de los estatutos
Más allá del conflicto actual, la dirección del COAM reconoció la necesidad de actualizar los estatutos colegiales para eliminar contradicciones y vacíos normativos detectados durante este proceso.
Según explicaron sus responsables, existe un compromiso para impulsar una revisión de las normas internas con la participación de todos los grupos representados en la institución.
La reforma buscaría clarificar aspectos relacionados con los procesos electorales, los límites de mandato y el funcionamiento de los órganos de gobierno, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.
