La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este lunes el papel “decisivo” que desempeña la Cámara de Cuentas regional en la defensa de la legalidad y en la fiscalización de las finanzas públicas, una labor que, según ha señalado, contribuye de forma directa a consolidar una Administración autonómica “más transparente, eficaz y responsable”.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha realizado estas declaraciones durante el acto conmemorativo del 25º aniversario de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
Un órgano clave para garantizar la transparencia institucional
Durante su intervención, Díaz Ayuso ha insistido en que las administraciones públicas tienen la obligación de ofrecer información “clara y fácilmente accesible” a los ciudadanos, y ha defendido la importancia de contar con organismos de control independientes que velen por el correcto uso de los recursos públicos.
En este sentido, ha puesto en valor la autonomía y la independencia de la Cámara de Cuentas a lo largo de sus 25 años de trayectoria, al margen de los distintos gobiernos autonómicos y de las sucesivas composiciones de la Asamblea de Madrid. Una característica que, a su juicio, refuerza la confianza ciudadana en las instituciones y en la gestión pública.
Más de 450 informes sobre el sector público madrileño
Creada en 1999, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha emitido desde entonces más de 450 informes relacionados con la fiscalización del conjunto del sector público madrileño. Estos trabajos han abarcado tanto la Administración regional como entidades locales, fundaciones, universidades y otros organismos dependientes.
Solo durante el último ejercicio se elaboraron 34 informes, consolidando el papel de la Cámara como uno de los principales instrumentos de control económico-financiero de la región.
Renovación y ampliación del ámbito de fiscalización
La Asamblea de Madrid renovó en diciembre de 2023 la composición de la Cámara de Cuentas, un proceso que se encontraba paralizado desde 2018. Como resultado de esta renovación, Joaquín Leguina fue elegido presidente del órgano, incorporándose al cargo en abril del año siguiente.
Esta actualización supuso, además, una ampliación del ámbito de actuación de la Cámara, que desde entonces incluye también la fiscalización de consorcios y fundaciones adscritas a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos, reforzando así el control sobre el uso de los fondos públicos en el conjunto del entramado institucional.
