“Después de 42 años trabajando, me quedarán 319 euros de pensión”: la advertencia de la decana de Ourense sobre el colapso del sistema mutualista de la Abogacía

Marta Gómez Álvarez no se define como activista. Nunca lo fue. Ni siquiera se planteó implicarse en la vida colegial hasta que, en 2023, una revisión de su informe trimestral como mutualista marcó un punto de no retorno. Tras 18 años cotizando exclusivamente a la Mutualidad de la Abogacía —como alternativa legal al régimen de autónomos (RETA)—, descubrió que el rendimiento total acumulado apenas alcanzaba los 950 euros.

"Cuando descubrí lo que me esperaba tras 20 años cotizando, me llevé la sorpresa de mi vida"

“Me puse a hacer cálculos y lo que vi me dejó sin aliento: incluso cotizando 25 o 30 años más, mi pensión sería de unos 1.100 euros al mes. Y eso pagando doble sistema, mutualidad más RETA. Es completamente inasumible”.

Marta se dio de alta en febrero de 2005. Entonces, el modelo era aún de capitalización colectiva. Contrató una prestación definida de 600 euros mensuales. Pero a finales de ese mismo año, sin previo aviso ni explicación, se realizó el traspaso a capitalización individual. “Lo que había aportado desde febrero hasta noviembre desapareció. Me pasaron literalmente a fondo cero. Nadie nos dijo que desaparecía la prestación definida”.

"Estoy fuera del sistema: tras 20 años cotizando, la Seguridad Social me reconoce solo 30 días"

Cuando finalmente decidió darse de alta en el RETA, Marta descubrió una de las realidades más devastadoras que comparten miles de mutualistas: “Después de 20 años pagando legalmente, entras a la sede electrónica de la Seguridad Social y ves que tienes solo 30 días cotizados. Los 20 años anteriores no computan para nada. No existen para el Estado”.

Esta situación no es fruto de una evasión o un fraude, sino de un sistema legal autorizado por el propio Estado. “No estamos fuera de la ley. Hemos estado cotizando legalmente, pagando impuestos, contribuyendo al sistema. Y ahora se nos dice que esos años no cuentan”.

"Nunca vamos a alcanzar una jubilación digna. Ni en el sistema público ni en el alternativo"

Marta tiene hoy 45 años. Empezó a trabajar a los 24. Ha cotizado durante más de dos décadas y, sin embargo, sabe que nunca podrá alcanzar una jubilación completa. “Ni siquiera si cotizara desde ahora hasta los 67 al RETA, porque me quedarían 30 años, insuficientes para una pensión completa. Y si me quedo en la mutualidad, la previsión que me dan tras 42 años de trabajo es de 319 euros. Ni siquiera alcanza el umbral de una pensión no contributiva”.

Incluso sumando ambas —RETA y mutualidad— su jubilación total apenas alcanzaría los 1.300 euros. “Después de toda una vida trabajando. Sin baja por maternidad, sin seguro médico, sin paro, sin ningún derecho. Y con un nivel de exigencia profesional idéntico al de cualquier otro autónomo”.

La estructura invisible que sostiene el sistema

"Las juntas de gobierno tenían información que nunca transmitieron a los colegiados"

Uno de los aspectos más oscuros de este problema es, según denuncia Marta, la b de quienes debieron proteger los derechos de los colegiados. “Cuando se hizo el cambio de sistema en 2005, muchos miembros de juntas de gobierno tuvieron la opción de mantenerse en el plan antiguo con prestación definida, mientras al resto no se nos avisó de nada. Ellos se quedaron en el sistema ventajoso y nosotros fuimos arrojados a un modelo ruinoso”.

"El Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad están entrelazados por completo"

“La Mutualidad de la Abogacía y el Consejo General están conectados por puertas giratorias. El presidente de la mutualidad está sentado en el Consejo General, y hasta hace poco, la presidenta del Consejo era vocal de la mutualidad. Es el mismo ecosistema de poder, que actúa como un muro institucional”.

Esta relación simbiótica no es solo una impresión: “Está recogida en los estatutos. Los propios estatutos del Consejo permiten que el presidente de la mutualidad sea consejero. Es una relación legalmente consolidada que impide cualquier tipo de fiscalización o crítica real desde dentro”.

"Votamos lo mismo los mutualistas atrapados que quienes solo tienen un seguro de vida"

“El sistema de votación de la mutualidad es escandaloso. Mi marido, que no es abogado, tiene un seguro de vida y puede votar igual que yo, que llevo 20 años cotizando. Los empleados de los colegios y de la mutualidad también votan. Solo controlando Madrid, Barcelona y Sevilla, se gana todo”.

La desproporción es tal que “en Madrid, donde hay más de 50 representantes, se ha llegado a abrir la votación solo dos horas por la mañana, y los únicos que pudieron votar fueron los empleados. Los mutualistas no tienen poder real sobre su futuro”.

Una estructura que crece con nuestro patrimonio… pero no para nosotros

"La mutualidad ha construido un imperio con nuestras aportaciones, pero no nos da ni pensiones dignas"

Durante años se prometió a los mutualistas un sistema de intereses compuestos que haría crecer sus fondos. Pero la realidad es muy distinta. “De esos rendimientos te detraen gastos de gestión, seguros, primas… los intereses nunca se aplican. Yo llegué a pagar el doble durante años, pensando que así aumentaría mi pensión, y sigue bajando”.

Además, la mutualidad ha acumulado patrimonio multimillonario y ha creado sociedades que no repercuten en los mutualistas. “El capital inicial no es de inversores externos. Es nuestro. Es nuestro dinero, aportado durante décadas, el que ha generado esas inversiones. Pero ahora, los beneficios no revierten en nosotros, sino en fondos propios”.

"Esto no es un problema privado, es una responsabilidad del Estado”

Marta lo deja claro: “Esto no es solo un problema de la mutualidad. El Estado es plenamente responsable. Este sistema fue aprobado legalmente y regulado dentro del ordenamiento jurídico español. Nosotros no hemos cotizado en negro. Hemos cumplido con la ley”.

La única solución justa es que se reconozca la equivalencia plena (1 por 1) de cada año cotizado, como si hubiese sido en el RETA. “Y que el ajuste técnico lo negocien entre la mutualidad y el Estado. Los mutualistas ya hemos pagado lo que se nos exigió. Si se ha gestionado mal, que respondan quienes debieron vigilar. No podemos pagar las consecuencias quienes menos culpa tenemos”.

“No queremos privilegios. Solo exigimos ser tratados como cualquier otro trabajador de este país”

Marta Gómez Álvarez no alza la voz solo por ella. Lo hace por los miles de abogados que han confiado en el sistema y se encuentran ahora atrapados en una red sin salida. Jubilados sin pensión, trabajadores sin derechos, profesionales exhaustos sin cobertura ni horizonte.

La situación es insostenible. El Congreso de los Diputados tiene sobre la mesa propuestas para integrar a los mutualistas en el sistema público. Es hora de que los partidos políticos den un paso al frente. No hay excusas. No hay más tiempo.