Airbus se abre a negociar tras 10 días de huelga indefinida en España
La dirección de la compañía aeroespacial busca frenar los paros convocados por SIPA ante la pérdida del poder adquisitivo y el recorte del teletrabajo, mientras UGT y otros sindicatos se suman al conflicto.
La dirección de Airbus en España ha movido ficha para intentar frenar el conflicto laboral que mantiene paralizadas sus plantas productivas. Tras cumplirse más de una semana desde el inicio de la huelga indefinida convocada por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) para todo el mes de julio, la cúpula de la multinacional aeroespacial ha asegurado que "está abierta al diálogo" con la representación de los trabajadores. A través de un comunicado oficial, la compañía ha manifestado su intención de "avanzar de manera constructiva como parte de las negociaciones en curso", asegurando que toma nota de las preocupaciones de la plantilla con el objetivo de regresar a la normalidad lo antes posible y mitigar el impacto sobre operaciones y clientes.
La reacción de la empresa se precede de una fuerte presión en los centros de trabajo. Según datos de SIPA, el seguimiento de la huelga alcanza ya al 80% de la plantilla en España, un respaldo que se refleja en las concentraciones diarias a las puertas de las factorías. Aunque CCOO, el sindicato mayoritario, se mantiene al margen, la movilización ha ganado fuerza al sumar los apoyos de UGT, ATP y CGT.
Desde UGT han lamentado que la dirección obligue a las plantillas a adoptar medidas de presión en defensa de sus derechos mientras la corporación obtiene beneficios milmillonarios, haciendo un llamamiento a la movilización masiva frente a lo que consideran una estrategia de imposición.
Pérdida de poder adquisitivo y recortes en la conciliación laboral
En el epicentro del conflicto laboral confluyen exigencias de carácter salarial y de condiciones de conciliación. El principal detonante es la pérdida de poder adquisitivo de los empleados. Los sindicatos exigen recuperar la vinculación de los salarios al IPC después de que la compañía estableciera unilateralmente una subida salarial del 3% en 2026 y del 2% en 2027, cifras que consideran insuficientes ante la coyuntura económica actual.
A la brecha salarial se añade el malestar por la modificación de la política de flexibilidad de la multinacional. Las organizaciones sindicales exigen mantener la modalidad de teletrabajo existente hasta la fecha. El conflicto se agravó después de que la dirección decidiera recortar este derecho regulado, reduciendo de dos a un día semanal la opción de realizar el trabajo en remoto, una medida que los trabajadores consideran un paso atrás en los derechos consolidados de la plantilla.