El nuevo sistema de financiación autonómica divide a las comunidades y deja sola a Cataluña
Hacienda ofrece un modelo “voluntario” de financiación que rechazan todas las autonomías salvo Cataluña, mientras Madrid denuncia un “peaje” a Junqueras.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó este miércoles a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adhesión al nuevo sistema de financiación autonómica será voluntaria, lo que permitirá a cada región decidir si adopta el nuevo modelo o mantiene el actual.
La ministra anunció además la apertura de una ronda de reuniones bilaterales técnicas para profundizar en los detalles de la propuesta, aunque el planteamiento ha provocado un rechazo casi unánime entre los gobiernos autonómicos.
Rechazo frontal de todas las comunidades salvo Cataluña
Todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, expresaron su oposición al nuevo sistema, al considerar que nace “viciado” por el acuerdo previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Los ejecutivos del PP lo han bautizado ya como el “modelo Junqueras” y han advertido que recurrirán a la Justicia si el planteamiento se convierte en ley orgánica.
Desde Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, también se sumaron a las críticas. Su presidente, Emiliano García-Page, calificó el modelo de “chantaje de los independentistas” y situó el principio de ordinalidad como una “línea roja” para su Ejecutivo.
Ordinalidad exclusiva para Cataluña
El borrador presentado por Hacienda contempla aplicar el principio de ordinalidad solo a Cataluña, de forma que cada comunidad reciba recursos en función de lo que aporta, sin alterar el orden por criterios de solidaridad. Paradójicamente, este mismo criterio fue rechazado en su día por la propia Montero cuando era consejera de Hacienda en Andalucía.
El dictamen del Parlamento andaluz advertía entonces de que la ordinalidad podía poner en peligro el principio de equidad, un texto que la actual ministra respaldó meses antes de llegar al Gobierno central.
Madrid denuncia un perjuicio directo para los madrileños
La Comunidad de Madrid ha elevado el tono contra el nuevo sistema. Su consejera de Hacienda, Rocío Albert, exigió una propuesta multilateral “que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras” y anunció que utilizarán todos los recursos legales a su alcance.
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, aseguró que Madrid “no aceptará jamás” un modelo que dará a Cataluña un 61 % más de recursos que a la región. Según los cálculos del Gobierno madrileño, cada catalán recibiría 4.399 euros por habitante, 577 más que ahora, mientras que Madrid perdería 233 euros por madrileño.
“Es un burdo peaje que paga Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa”, denunció García Martín, quien añadió que Madrid pasaría a ser prácticamente la única comunidad aportante neta al sistema.
Un coste de 21.000 millones para el Estado
El nuevo modelo implicaría que el Estado aporte 21.000 millones de euros adicionales a las autonomías en 2027, una cifra que, según varias comunidades, comprometerá la reducción del déficit público y aumentará el endeudamiento.
Cataluña, a través de su consejera de Economía, Alicia Romero, defendió el sistema al considerar que corrige una situación histórica de infrafinanciación y negó que se trate de un acuerdo “insolidario”.
No obstante, la realidad política deja un escenario de fuerte confrontación territorial, con Cataluña como única comunidad favorable a un modelo que el resto ve como desigual y condicionado por los pactos con el independentismo.