Reacciones y consecuencias de la intervención del Gobierno de España a la OPA de BBVA sobre Sabadell

Contexto: una OPA hostil tras meses de negociaciones fallidas

La adquisición del Banco Sabadell por parte de BBVA lleva meses generando tensión en la política y la economía españolas. Todo comenzó en mayo de 2024, cuando BBVA lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil sobre el 100% del capital de Banco Sabadell, después de que fracasaran dos intentos previos de fusión amistosa. La dirección de Sabadell, liderada por Josep Oliu, rechazó inicialmente la propuesta por considerarla insuficiente y porque temía que “infravaloraba significativamente” el valor y las perspectivas de su entidad. Sin un accionista mayoritario que pudiera bloquear la operación, Sabadell quedó expuesto a la decisión atomizada de sus miles de accionistas, abriendo la puerta a que BBVA intentase convencerlos directamente.

Desde el principio, la operación desató reacciones encontradas. Por un lado, BBVA argumentó que la integración crearía el segundo mayor banco de España, reforzando la solvencia y eficiencia del sector. Sus directivos, Carlos Torres (presidente) y Onur Genç (CEO), defendieron que Sabadell era “más interesante ahora que hace tres años”, y que la fusión formaría un grupo bancario más fuerte y con mayores recursos para competir, lo que sería “una buena noticia para todos, tanto accionistas como la sociedad”. Por otro lado, tanto el Gobierno de España como varios gobiernos autonómicos (especialmente Cataluña y la Comunidad Valenciana, territorios donde Sabadell tiene gran presencia) manifestaron su oposición a la OPA desde el primer momento, preocupados por las consecuencias en el empleo, en la competencia bancaria y en el tejido económico local. También las principales organizaciones sindicales y algunas asociaciones de consumidores advirtieron que la fusión podría acarrear miles de despidos, cierre de sucursales en zonas vulnerables, menos crédito para pymes y mayor concentración bancaria en perjuicio de los clientes.

Durante casi un año, la operación fue examinada minuciosamente por las autoridades. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevó a cabo un análisis exhaustivo de la fusión propuesta, que se prolongó por nueve meses e incluyó consultas con otras entidades financieras, asociaciones empresariales (como CEOE y Pimec) y de consumidores (como Asufin o Adicae) para medir el posible impacto. Finalmente, a finales de abril de 2025, la CNMC autorizó la OPA al concluir que no planteaba obstáculos insalvables de competencia, pero impuso una serie de compromisos (remedies) negociados con BBVA para mitigar los riesgos detectados. Entre otras condiciones, BBVA se comprometió a: mantener la oferta de crédito a pymes y autónomos (blindando especialmente los préstamos en Cataluña y Baleares, donde el banco resultante tendría cuota elevada); preservar la red de sucursales en poblaciones con poca competencia bancaria (evitando cerrar oficinas en municipios pequeños, zonas rurales o barrios vulnerables durante al menos 3 años); no encarecer las condiciones para los clientes de Sabadell en servicios clave (como cuentas, medios de pago y comisiones en cajeros) tras la integración; y crear productos específicos para colectivos vulnerables. Estos compromisos tendrían en principio una duración de tres años (prorrogables en algunos casos a cinco), buscando proteger la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a la economía real durante el periodo inmediato a la fusión.

La luz verde de Competencia dejaba la decisión final en manos del Gobierno, conforme al procedimiento establecido en la ley española de concentraciones. Pese a las medidas correctivas aceptadas por BBVA, el Ejecutivo ya había expresado públicamente sus reticencias, alegando razones de interés general más allá de la competencia. El presidente Pedro Sánchez sorprendió anunciando, a inicios de mayo de 2025, la apertura de una consulta pública para recabar opiniones sobre la OPA –un paso inusual en este tipo de operaciones empresariales–. Esta decisión de “consultar” a la sociedad sobre una fusión bancaria (ya avalada técnicamente por la CNMC) fue muy criticada por sectores económicos y por la oposición política, que la tacharon de maniobra arbitraria y “asamblearia” para eludir la responsabilidad de decidir. Con la consulta en marcha y la postura gubernamental cada vez más escéptica respecto a la fusión, la atención quedó centrada en lo que ocurriría en el Consejo de Ministros de finales de junio, plazo en el que el Gobierno debía resolver si autorizaba, condicionaba o bloqueaba definitivamente la operación.

El Consejo de Ministros impone condiciones extraordinarias a la fusión

En su reunión del 24 de junio de 2025, el Consejo de Ministros finalmente autorizó la OPA de BBVA sobre Sabadell, pero imponiendo una condición extraordinaria: prohibir la fusión completa de ambas entidades durante al menos tres años. Según acordó el Gobierno, BBVA podrá adquirir las acciones de Banco Sabadell (si los accionistas así lo deciden), pero ambos bancos deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados, y operar con autonomía en la gestión de su actividad durante ese periodo. En la práctica, esto significa que BBVA no podrá integrar ni absorber totalmente al Sabadell inmediatamente, sino que este último seguirá funcionando como una subsidiaria con marca, cuentas y órganos de decisión propios en las áreas esenciales (política de créditos, gestión de recursos humanos, red de oficinas, políticas comerciales e incluso la obra social de sus fundaciones bancarias). La medida incluye que, antes de cumplirse esos tres años, se evaluará su cumplimiento mediante informes que las propias entidades deberán presentar, detallando cómo han conservado la gestión autónoma y cómo la estrategia del nuevo grupo afectará en adelante a los criterios de interés general señalados. Tras esa revisión, el Consejo de Ministros se reserva la potestad de prorrogar las restricciones dos años más (hasta un total de cinco años máximos) si lo considera necesario.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en rueda de prensa que la condición impuesta se fundamenta en la protección de cinco criterios de interés general contemplados en el ordenamiento jurídico español: garantizar la financiación a la economía productiva, especialmente a pequeñas y medianas empresas, evitando que la nueva megafusión reduzca el crédito; la protección de los trabajadores, para mitigar o aplazar los despidos masivos que suelen acompañar a estas integraciones; la cohesión territorial, evitando una excesiva concentración bancaria que deje sin servicios financieros a ciertas regiones o zonas rurales; la defensa de objetivos de política social, incluyendo la continuidad de la labor social de las fundaciones bancarias vinculadas (las obras sociales) y la protección de los clientes, por ejemplo manteniendo iniciativas de vivienda asequible y evitando abusos a usuarios; y el fomento de la investigación y desarrollo tecnológico en el sector financiero. El Gobierno invoca que su intervención está amparada por la ley de defensa de la competencia, que en una fase “tercera” permite al Ejecutivo condicionar concentraciones por motivos distintos a los puramente competitivos, y subraya que esta prerrogativa ha sido reconocida también en otros países europeos y por la propia jurisprudencia comunitaria.

Con esta “autorización condicionada”, el Gobierno busca frenar los efectos más duros de la fusión en el corto plazo. En la práctica, la imposición de mantener separadas las entidades implica que BBVA no podrá acometer de inmediato las sinergias clásicas de toda absorción: ni cerrar duplicidades de oficinas, ni unificar plantillas, ni reorganizar por completo el negocio de Sabadell dentro del grupo. Cualquier ajuste deberá esperar o hacerse dentro de los límites de la autonomía impuesta. De este modo, se pretende proteger el empleo y las redes de atención al público durante al menos tres años, así como asegurar que el nuevo grupo siga cumpliendo con obligaciones de servicio en regiones sensibles. Además, con la decisión del Consejo, el Gobierno ratificó todos los compromisos que la CNMC ya había exigido a BBVA (las garantías de crédito a pymes, mantenimiento de presencia en la “España vaciada”, condiciones a clientes, etc.), de forma que estos requisitos adquieren también carácter vinculante.

Se trata, sin duda, de una intervención excepcional en una operación entre empresas privadas. El propio ejecutivo de BBVA, Carlos Torres, destacó lo inusual del caso, recordando que en España casi nunca un Gobierno había modulado o frenado una fusión de esta manera tras el visto bueno del regulador. “Solo ha ocurrido una vez en la historia, de entre más de 1.500 operaciones de concentración”, apuntó Torres, subrayando la excepcionalidad de que Moncloa se entrometa en un proceso aprobado por Competencia. De hecho, esta cláusula gubernamental de “fusión diferida” no tiene precedentes recientes en el sector bancario español. Pese a lo extraordinario de la medida, el Gobierno la defiende como “proporcionada y equilibrada”, orientada únicamente a “proteger criterios de interés general en línea con nuestro marco normativo”.

Ahora bien, la decisión política deja incertidumbres de cara al futuro inmediato. Por un lado, BBVA deberá valorar si sigue adelante con la adquisición en estas condiciones. El banco había calculado importantes sinergias de costos con la integración (del orden de 850 millones de euros anuales en ahorros, incluyendo unos 300 millones en gastos de personal menos y el cierre de alrededor de 300 sucursales solapadas). Estas sinergias no podrán materializarse a corto plazo debido al “veto” temporal a la fusión operativa, lo que encarece efectivamente el coste de la operación para BBVA. En los días previos a la decisión, Carlos Torres llegó a advertir que BBVA se reservaba el derecho legal de retirar la OPA si las nuevas condiciones gubernamentales “diluyen” la viabilidad económica de la compra. No obstante, también afirmó públicamente que su intención seguía siendo no retirar la oferta “salvo que las condiciones la hicieran inviable”, mostrando así un compromiso con la operación pero dejando abierta la puerta a desistir si el escenario se complica demasiado. En paralelo, Sabadell deberá decidir si vende o no su filial británica TSB, otro factor que BBVA considera clave (pues la salida de ese activo cambiaría el valor y alcance de lo que está comprando). En suma, la pelota queda en el tejado de los accionistas del Sabadell, quienes en última instancia tienen que aceptar o rechazar la oferta de BBVA sabiendo ahora que, de aceptarla, su banco seguirá existiendo de forma separada al menos tres años más. Las bolsas han vivido esta incertidumbre: la CNMV suspendió la cotización de BBVA y Sabadell horas antes del anuncio para evitar especulación, y los analistas advierten que si BBVA se repliega, el precio de las acciones de Sabadell podría caer bruscamente al frustrarse la prima que ofrecía la OPA.

Posturas enfrentadas: libertad de empresa vs. papel del Estado

La intervención del Gobierno ha suscitado un intenso debate público. En el fondo colisionan dos visiones: la de quienes apoyan la acción estatal para salvaguardar ciertos bienes públicos (empleo, competencia, inclusión financiera) frente a la de quienes defienden la libertad de empresa y de mercado por encima de todo, alertando del riesgo de politizar las decisiones económicas privadas.

Desde el lado crítico con el Gobierno, numerosos economistas, juristas y líderes empresariales han expresado su alarma. Argumentan que, una vez que se han cumplido los requisitos legales y de competencia –y puesto que las autoridades europeas no han puesto pegas en materia de solvencia ni competencia–, la decisión sobre la fusión debería corresponder únicamente a los accionistas del Sabadell, propietarios legítimos de la empresa. En su opinión, el Gobierno no debe interferir en esa libre decisión ni arrebatar a los inversores su derecho de propiedad y de elección, máxime basándose en criterios de “interés general” que consideran cuanto menos discutibles. Este sector recuerda que España es una economía de mercado donde las operaciones corporativas entre compañías privadas han de regirse por la libertad contractual y las reglas de competencia, y temen que politizar un proceso de fusión sienta un precedente peligroso. “¿Vamos a hacer referéndums para cada decisión empresarial importante?”, cuestionó irónicamente Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, al conocer que el Gobierno lanzaría una consulta popular sobre la OPA. Garamendi calificó la consulta de “incomprensible”, advirtiendo que “descalifica en cierta medida a la CNMC y genera inseguridad jurídica”. En lugar de asumir su responsabilidad y decidir conforme a la ley –añadió– el Ejecutivo parece “ampararse en la opinión pública para escurrir el bulto, y eso no es serio ni profesional en una economía desarrollada”.

En la misma línea, la oposición política ha cargado duramente contra la gestión gubernamental del asunto. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tildó de “frivolidad impropia de una economía del euro” la consulta pública planteada por Sánchez y advirtió que la intromisión del Gobierno en esta fusión “marca un precedente peligroso para próximas operaciones empresariales”. Feijóo criticó que se use “un procedimiento no contemplado en la ley para revisar una operación ya avalada por el regulador”, calificándolo de medida arbitraria. En un foro empresarial en Barcelona, el jefe de la oposición señaló que, si el Gobierno pretende someter a consulta popular la fusión de dos bancos privados, “mañana habría que hacer consultas para todo”, ironizando sobre por qué no se consulta entonces el incremento del gasto en Defensa u otras decisiones que el Ejecutivo toma sin preguntar. Para Feijóo, este episodio “genera inseguridad jurídica” y lanza el mensaje de que en España las reglas del juego pueden cambiar sobre la marcha por conveniencia política. Otros dirigentes del centro-derecha han ido en la misma línea, denunciando un “intervencionismo” económico que, a su juicio, asusta a los inversores y lesiona la imagen de España como país fiable para los negocios.

Por su parte, el Gobierno defiende con vehemencia su postura. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una de las voces más firmes dentro del Ejecutivo en contra de la OPA. Díaz llegó a declarar que estaba “radicalmente en contra” de la adquisición de Sabadell por BBVA, alertando que “esta operación no puede salir adelante porque va en detrimento de los intereses del conjunto del país”. En particular, la ministra de Trabajo subraya el impacto laboral: “Hablamos del despido de en torno a 5.000 personas”, advirtió, aludiendo a las cifras estimadas de recortes de plantilla. También señaló que la fusión “agrava el problema de concentración financiera que tiene España” –dejando más del 70% del mercado en manos de tres grandes bancos–, “agudiza la exclusión financiera” –por el cierre de oficinas, sobre todo en zonas rurales– y “encarecerá los costes de financiación de hogares y pequeñas empresas” al reducir la competencia. Díaz incluso afirmó que la OPA “va en contra de toda la sociedad catalana”, mostrando preocupación por el efecto en las pymes de Cataluña de perder un banco arraigado en ese territorio. De hecho, trascendió que la vicepresidenta envió cartas tanto al ministro de Economía como a las dos entidades implicadas expresando su rechazo formal a la operación. Su postura refleja la visión del ala del gobierno (y de su electorado) más sensible a las consecuencias sociales: primar la protección del empleo y del interés público sobre las lógicas puramente mercantiles.

Otros miembros del Gabinete han sido más prudentes en sus declaraciones, pero oficialmente Moncloa insiste en que no se está bloqueando la operación, sino modulándola. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó que la decisión del Consejo de Ministros es “garantista” y busca un equilibrio: permitir que la oferta siga su curso, pero asegurándose de que en ese proceso “no paguen el pato ni los trabajadores, ni los clientes, ni determinados territorios”. El ministro de Economía Cuerpo, por su parte, negó que exista animadversión ideológica hacia BBVA o la gran banca –recordando que el Gobierno aprobó otras fusiones bancarias recientes sin objeciones, como CaixaBank-Bankia–, y justificó la intervención actual por las “peculiaridades” de esta operación concreta, en la que “concurren factores sociales y territoriales de especial relevancia”. Desde Moncloa también se niega que esta medida suponga nacionalizar o politizar la banca: “Es una salvaguarda temporal, prevista en la legislación, al servicio del interés general, igual que se hace en otros países de nuestro entorno cuando está en juego algo estratégico”, arguyen fuentes gubernamentales. En cualquier caso, la consulta pública promovida en mayo (un cuestionario en la web del Ministerio de Economía para que ciudadanos y entidades opinaran sobre la fusión) evidenció la voluntad del Gobierno de legitimar socialmente su decisión. Aunque no se han publicado resultados detallados de dicha consulta, es sabido que numerosos ayuntamientos, comunidades autónomas, asociaciones de autónomos, organizaciones de consumidores, etc., remitieron alegaciones en contra de la fusión, lo que habría reforzado la determinación del Ejecutivo de imponer condiciones estrictas.

Advertencias desde Europa y las autoridades independientes

El ruido generado en torno a esta fusión no ha pasado desapercibido fuera de España. Instituciones europeas y organismos reguladores han intervenido también en el debate, generalmente para lanzar mensajes de cautela sobre la actuación del Gobierno español. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), afirmó públicamente que las “intervenciones de los gobiernos en las fusiones bancarias” –como la que estaba realizando España con BBVA-Sabadell– pueden tener un impacto negativo en la “credibilidad” del sistema ante los inversores internacionales. De Guindos, que habló precisamente en un curso financiero mientras en Madrid se anunciaban las condiciones a la OPA, recordó que el discurso oficial en Europa lleva años promoviendo una mayor integración bancaria y consolidación del mercado financiero para crear bancos más fuertes y una Unión Bancaria sólida. En ese contexto, alertó, no conviene lanzar la señal de que “los poderes públicos ponen dificultades a los procesos de concentración”. “Desde mi punto de vista, esto merma la credibilidad del discurso” de la Unión Bancaria, lamentó el vicepresidente del BCE, instando a reflexionar sobre cómo compatibilizar ambos mensajes. Además, subrayó que el BCE ya evaluó la operación en su ámbito (solvencia y estabilidad financiera) y “no mostró objeciones” a que se llevase a cabo. Bruselas, por su parte, también había hecho llegar su postura antes de la decisión final: la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness (a quien sucedió interinamente María Luís Albuquerque durante la campaña electoral europea), recordó que según las normas europeas solo el BCE y las autoridades de competencia deben pronunciarse sobre fusiones bancarias. Este tirón de orejas preventivo indicaba que la Comisión Europea veía con recelo que un gobierno pudiera invocar motivos políticos para frenar una fusión, ya que podría entrar en colisión con la legislación comunitaria (que busca uniformidad de criterios en el mercado interior). Aunque de momento Bruselas no ha tomado medidas, existe el aviso de que un exceso de intervencionismo podría acabar en un expediente sancionador a España por vulnerar las reglas de libre establecimiento y movimiento de capitales de la UE.

La respuesta desde Madrid a estas advertencias europeas ha sido tratar de justificar la legalidad de la intervención. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, negó que la actuación del Gobierno suponga desacreditar al organismo que ella dirige. Aseguró que “no ha habido injerencias” políticas durante el análisis técnico de la CNMC, que fue independiente, y defendió que la legislación española “prevé” esta posibilidad de intervención gubernamental en una Fase III precisamente para velar por intereses generales legítimos. Fernández admitió, eso sí, que la ley “ayuda poco” a concretar qué puede o no puede hacer el Gobierno en esa fase, ya que no delimita con precisión qué se entiende por razones de interés general ni el alcance de las condiciones añadidas. Esta ambigüedad abrió un debate jurídico durante la propia elaboración de la norma, recordó, y finalmente se optó por dejar abierto ese margen. “La ley dice simplemente que el Gobierno, por razones distintas a las de competencia, podrá eliminar o mantener condiciones –no aclara si también añadir nuevas–; solo indica que deben basarse en el interés general”, explicó la presidenta de la CNMC, reconociendo que “todo depende de cómo se hagan las cosas”. Fernández sostuvo que hay espacio para intervenir sin violar el derecho comunitario: “El Reglamento europeo de concentraciones prevé excepciones en las que los Estados pueden aplicar medidas por interés general” (como motivos de seguridad nacional, pluralidad de medios, etc.), señaló, poniendo como ejemplo que Francia o el Reino Unido cuentan con herramientas similares y “nunca ha habido problema” con la Comisión. No obstante, esta situación en España está siendo escrutada con atención inusual, dado el tamaño de la operación y la abierta oposición política que ha suscitado.

Mientras tanto, los mercados financieros y analistas internacionales observan con mezcla de sorpresa y cautela. Algunos inversores temen que este episodio refleje una mayor injerencia política en la economía española, lo que podría penalizar la percepción de riesgo país. España había logrado atraer inversión extranjera hacia su sector bancario en las últimas décadas gracias a un marco regulatorio estable; ahora se teme que este tipo de intervenciones introduzcan una “prima de riesgo político” en futuras operaciones. Especialmente en el centro financiero de Madrid, que compite por consolidarse como un hub bancario europeo, existe preocupación de que decisiones así puedan restar atractivo frente a plazas donde las reglas del juego son más predecibles. No obstante, otros analistas matizan que cada país de la UE tiene sus particularidades: Alemania y Francia, por ejemplo, también protegen ciertos sectores estratégicos. El equilibrio entre control público y libre mercado seguirá siendo un tema candente en la UE, y el caso BBVA-Sabadell puede acabar convertido en un caso de estudio sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos en fusiones transfronterizas dentro del Mercado Único.

Impacto en el empleo, las oficinas y los clientes bancarios

Más allá de la batalla política e institucional, la decisión de mantener separadas a BBVA y Sabadell por tres años tendrá efectos concretos sobre distintos colectivos:

Plantillas y empleados

Para los trabajadores de ambos bancos, la condición impuesta supone un alivio temporal. En una fusión convencional, se habrían anunciado pronto recortes de plantilla significativos para eliminar duplicidades (las estimaciones oscilaban entre 5.000 y hasta 10.000 empleos directos afectados, según cálculos de los sindicatos basados en experiencias previas). Ahora, con la obligación de que Sabadell siga operando autónomamente, cualquier proceso de reestructuración masiva queda congelado al menos hasta 2028. Los sindicatos CCOO y UGT, que habían unido fuerzas para rechazar la OPA desde el principio, valoran positivamente que se blinde el empleo a corto plazo. Estas organizaciones habían presentado un informe elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid advirtiendo de una “pérdida masiva de puestos de trabajo” si prosperaba la fusión, especialmente entre empleados de más de 50 años, algo que ahora se podrá mitigar en el corto plazo. No obstante, los representantes de los trabajadores siguen alerta: consideran la medida gubernamental un “parche”, y temen que simplemente aplace los despidos para más adelante. “Exigimos garantías laborales más allá de tres años; no se trata solo de retrasar el problema, sino de buscar alternativas para preservar el empleo estable”, señalaron portavoces sindicales, reclamando, por ejemplo, acuerdos de recolocación o bajas incentivadas no traumáticas cuando llegue el momento.

Red de sucursales y servicios al público

Los clientes bancarios, especialmente en zonas rurales o barrios con menos competencia, también podrían beneficiarse del mantenimiento de la red de oficinas durante estos años. BBVA y Sabadell suman en España unas 2.700 sucursales activas; de haberse fusionado plenamente, se preveía el cierre de alrededor de 300 oficinas (aproximadamente un 10% de la red combinada) por redundancias en lugares donde ambos operan cerca. Muchas de esas clausuras habrían ocurrido en localidades pequeñas o medianas, contribuyendo al fenómeno de la “exclusión financiera” en la España vaciada. Con la fusión en suspenso operativo, esas oficinas duplicadas presumiblemente seguirán abiertas en el corto plazo, garantizando atención presencial donde de otro modo se habría reducido. Esto es importante sobre todo para personas mayores o colectivos vulnerables poco habituados a la banca online. Asimismo, las condiciones para los clientes de Sabadell se mantendrán sin cambios drásticos: en principio continuarán con las mismas comisiones, pólizas y servicios contratados, al no integrarse totalmente con BBVA todavía. Cabe recordar que BBVA había anunciado que respetaría durante cierto tiempo las condiciones de Sabadell tras la fusión; ahora, por mandato oficial, no podrá modificarlas de forma unilateral por lo menos en los primeros 18 meses (por ejemplo, el acceso de clientes de Sabadell a cajeros seguirá en las mismas condiciones actuales durante año y medio, como se comprometió en Competencia). Esto da más margen a los clientes para adaptarse gradualmente, en lugar de enfrentarse a un cambio brusco de entidad y posibles nuevas tarifas inmediatamente.

Por supuesto, el reverso de la moneda es que, si la operación finalmente se frustra o queda descafeinada, podría también haber consecuencias indirectas menos deseables para clientes y empleados a la larga. Sabadell, como banco independiente, podría verse en dificultades para competir en un mercado dominado por gigantes, lo que eventualmente pondría en riesgo su sostenibilidad (y, en un escenario extremo, también los empleos pero de forma desordenada). BBVA, por su parte, había previsto con la fusión obtener ahorros de costes que le permitirían invertir en digitalización y nuevos servicios; al no lograrlos por ahora, podría optar por ajustes internos en otras áreas o por subir precios de algunos servicios para compensar la menor eficiencia. Estos aspectos preocupan a algunos analistas: “Impedir la reestructuración puede ser pan para hoy y hambre para mañana si los bancos no pueden mejorar su rentabilidad y modernizarse”, advierten. Sin embargo, el Gobierno confía en que, en estos años de “tregua”, el sector se estabilice y se encuentren fórmulas menos lesivas para hacer viable la integración más adelante.

Competencia y oferta financiera

Las asociaciones de consumidores y de pequeños empresarios habían coincidido en señalar que la fusión podía perjudicar la competencia en el sistema financiero español. Con BBVA + Sabadell, el nuevo banco controlaría una cuota muy elevada en algunas regiones y segmentos (p. ej., pasaría a tener más del 30% del mercado de pymes en Cataluña), reduciendo opciones para los usuarios. La decisión gubernamental, al frenar la integración plena, mantiene de momento a Sabadell como actor diferenciado, lo cual preserva una imagen de pluralidad bancaria al menos de cara al público. ADICAE, una activa asociación de usuarios bancarios, había clamado contra la concentración bancaria, culpándola de que los consumidores reciban menos por sus ahorros y paguen más comisiones por la menor competencia. Hoy, ADICAE ha aplaudido la intervención estatal y pide ir más allá: “Hace falta una regulación que proteja a los consumidores en estas fusiones; no podemos dejar que avancemos hacia un oligopolio bancario que imponga sus condiciones”. No obstante, algunos expertos replican que la competencia “real” no depende tanto del número de marcas bancarias como de la solvencia y fortaleza de estas: un BBVA reforzado podría quizá haber ofrecido productos más competitivos gracias a economías de escala. Es un equilibrio delicado. De momento, al seguir Sabadell separado, los clientes seguirán teniendo una entidad más con la que comparar ofertas de hipotecas, depósitos, etc., lo cual puede ser positivo para incentivar que los grandes bancos mantengan precios atractivos para no perder cuota.

Un mensaje controvertido para inversores y el clima empresarial

A nivel macroeconómico, la actuación del Gobierno en este asunto envía un mensaje lleno de aristas. Por un lado, lanza la señal de que España prioriza la protección del interés social por encima de las reglas puramente mercantiles. La imagen de un Gobierno “fuerte” que no se pliega a los designios de los grandes bancos puede resultar popular entre ciertos sectores de la ciudadanía, sobre todo tras años en que muchas fusiones bancarias se aprobaron y luego derivaron en despidos y cierre de oficinas sin apenas oposición política. De hecho, el Ejecutivo busca mostrar que “aprendió la lección” de integraciones anteriores (como la de CaixaBank con Bankia en 2021, que conllevó miles de salidas y que fue criticada a posteriori por su impacto laboral). Así, proyecta una imagen de protector del ciudadano común y de las pequeñas empresas, dispuesto a usar las herramientas legales para asegurar que la banca cumpla su función social y de apoyo a la economía real.

Sin embargo, para los inversores internacionales y la comunidad empresarial, el episodio puede sembrar dudas sobre la seguridad jurídica y la libertad de mercado en España. La idea de que, incluso cumpliendo todas las normativas, una operación corporativa pactada por accionistas pueda ser retrasada o modificada por criterios políticos, es vista con preocupación en los círculos financieros. España lleva años intentando atraer inversión extranjera directa y posicionarse como destino seguro para los negocios (especialmente Madrid, que aspira a ser un centro financiero post-Brexit en Europa). Medidas como esta pueden hacer que algunos inversores perciban a España más cercana a un modelo intervencionista, donde las reglas del juego pueden cambiar por discrecionalidad gubernamental. En un entorno global donde el capital fluye buscando estabilidad y previsibilidad, este tipo de incertidumbre regulatoria podría restar atractivo al país. Analistas de bancos de inversión ya han mencionado, en informes privados, el “riesgo político” al evaluar acciones de empresas españolas, y casos como el de BBVA-Sabadell alimentan esas valoraciones.

Además, en el mercado doméstico, otros sectores empresariales se preguntan si esto sienta un precedente. ¿Podría el Gobierno, amparado en el “interés general”, intervenir también en futuras fusiones de empresas energéticas, de telecomunicaciones u otros sectores? Oficialmente la ley de competencia sólo prevé esa intervención para operaciones que se consideren estratégicas o con gran impacto social, pero la frontera puede ser difusa. La patronal y los economistas liberales alertan de un posible “efecto contagio”: las empresas españolas, dicen, podrían volverse más cautelosas a la hora de emprender adquisiciones o fusiones por temor a tropiezos políticos, lo que a largo plazo significaría menor dinamismo empresarial y menor capacidad para crecer o internacionalizarse.

Por otro lado, los defensores de la medida argumentan que cuidar el interés público también redunda en estabilidad a largo plazo. Si se permitiera una fusión sin condiciones y eso generase conflicto social (por despidos masivos, protestas, deterioro de servicios en zonas rurales, etc.), el clima de negocios también se vería afectado negativamente. Desde esta óptica, la intervención del Gobierno busca un equilibrio que, bien gestionado, podría mejorar la sostenibilidad social de las operaciones corporativas y evitar una reacción pública adversa contra el sector bancario. En cierto modo, podría verse como una forma de exigir a la banca un “capitalismo más responsable” con el país.

¿Dónde está el equilibrio entre la protección y la libertad?

El caso de la OPA de BBVA sobre Sabadell ha abierto un debate de fondo en España sobre el papel del Estado en la economía. De un lado, ha quedado patente que existe un amplio consenso social –que abarca desde sindicatos hasta gobiernos regionales, pasando por asociaciones de consumidores y pymes– en contra de una nueva consolidación bancaria que reduzca la competencia y conlleve costes sociales. Ese consenso ha dado fuerza al Gobierno para plantarse y poner límites a una operación privada en nombre del interés general. Del otro lado, también se ha hecho oír con fuerza la voz de quienes claman por la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada. Estos sectores ven en la intervención un paso atrás que recuerda a épocas de mayor dirigismo, y advierten que “ahuyentar al capital” puede traer consecuencias negativas para la prosperidad económica del país.

En último término, la situación sigue abierta. Si BBVA acepta las condiciones y los accionistas de Sabadell acuden a la oferta, España tendrá un gran grupo bancario “fusionado pero no fusionado” durante un tiempo, en una especie de solución salomónica inédita. Si, por el contrario, BBVA decide retirarse ante las trabas, Sabadell continuará solo su andadura, para alivio de unos y preocupación de otros. En cualquier escenario, el mensaje ya ha sido enviado: el Gobierno español está dispuesto a intervenir en las decisiones de empresas privadas cuando estime que está en juego el interés del país, pero esa determinación no está exenta de polémica ni de costes. La balanza entre libertad de mercado y protección del interés público vuelve a oscilar, y el desenlace de esta OPA sentará un precedente que irá más allá de BBVA y Sabadell, alimentando la reflexión sobre qué modelo económico quiere España para su futuro.