La precariedad juvenil cuesta a España más del 2% del PIB, según PwC y el Círculo de Empresarios
El informe de la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios alerta del impacto económico y social que suponen el desempleo juvenil, la precariedad laboral y el acceso limitado a la vivienda en España
La juventud española se enfrenta a una situación crítica que afecta no solo a su desarrollo personal y profesional, sino también a la sostenibilidad económica y social del país. Así lo refleja el informe elaborado por la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios, que advierte de que las malas condiciones laborales y las dificultades de emancipación de los jóvenes tienen un coste económico estimado del 2,27% del PIB, lo que equivale a la incorporación de más de 950.000 jóvenes al mercado laboral.
El estudio, fruto de varios encuentros con expertos del ámbito empresarial y universitario, analiza los principales desafíos a los que se enfrenta este colectivo. Entre ellos, destaca el elevado desempleo juvenil, que duplica la media europea; la precariedad laboral, con altas tasas de temporalidad y parcialidad; y la dificultad de acceso a la vivienda, que retrasa la edad de emancipación hasta los 30 años de media.
El informe subraya también el impacto del desajuste entre la formación académica y las demandas reales del mercado laboral, situando a España entre los países europeos con mayor porcentaje de jóvenes sobrecualificados trabajando en empleos que no requieren su nivel formativo. Todo ello, en un contexto de escaso crecimiento de la productividad y predominio de microempresas, que limita la capacidad del tejido empresarial para ofrecer empleo de calidad y retener talento.
Otro de los grandes retos señalados es el envejecimiento demográfico, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones y de los servicios públicos. Según el estudio, la población en edad de trabajar caerá al 48% en 2050, lo que incrementará la presión fiscal y social sobre las generaciones jóvenes.
En este escenario, el informe propone un plan de acción conjunto entre el sector público y el privado, que incluya reformas educativas para mejorar los resultados académicos, el impulso de la formación profesional dual, políticas activas de empleo que reduzcan la brecha juvenil y medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible.
Además, recomienda que las empresas transformen sus procesos de selección para alinear las competencias de los jóvenes con las necesidades del mercado, y que promuevan paquetes de compensación que faciliten la conciliación familiar y profesional. También aboga por potenciar la colaboración público-privada en áreas como la educación y la vivienda.
El informe concluye que revertir esta situación es una responsabilidad compartida que requiere voluntad política, consenso social y liderazgo empresarial para garantizar un futuro prometedor para las próximas generaciones y un crecimiento económico sostenible para el país.