Los permisos por nacimiento y cuidado de menor crecieron un 11,1% en 2025 y el gasto asociado subió un 7,4%
Los permisos por nacimiento y cuidado de menor reconocidos por la Seguridad Social en España se incrementaron un 11,1% en 2025 respecto al año anterior, con más de 524.000 prestaciones tramitadas, y el gasto asociado a estas ayudas subió un 7,4%, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Durante el año 2025, la Seguridad Social gestionó un total de 524.714 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, lo que representa un aumento del 11,1% respecto a las tramitadas en 2024. De estas, 241.903 correspondieron al primer progenitor —habitualmente la madre— y 282.811 al segundo progenitor, normalmente el padre.
El gasto total en estas prestaciones entre enero y diciembre de 2025 alcanzó los 3.880,8 millones de euros, frente a los 3.613,1 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 7,4% interanual.
Estos permisos, que permiten a los progenitores ausentarse del trabajo para atender al recién nacido o al menor bajo su cuidado, se han visto impulsados por la ampliación de la duración del permiso de nacimiento y cuidado de menor a 19 semanas en 2025 —parte de una serie de reformas destinadas a avanzar en la conciliación familiar y laboral— y por la incorporación de nuevas prestaciones accesorias que pueden disfrutarse en situaciones específicas.
La media de tiempo de tramitación de estas prestaciones fue de ocho días en 2025, y la duración media de los permisos activos se situó en 111 días, con solo tres días de diferencia entre hombres y mujeres.
Por comunidades autónomas, las regiones con mayor número de prestaciones tramitadas fueron Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, reflejando tanto dinámicas demográficas como de empleo en distintos territorios.
El crecimiento de estas prestaciones y el aumento del gasto reflejan, por un lado, la mayor utilización de estos derechos por parte de las familias y, por otro, una apuesta continuada por políticas de conciliación que buscan favorecer la corresponsabilidad y el bienestar familiar en el marco del sistema de protección social.