Pensiones en España 2025: el superávit que esconde un déficit histórico
Las cifras que presentó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 30 de junio parecen, a primera vista, motivo de tranquilidad. El sistema cerró el primer semestre con un saldo positivo de 16.718 millones de euros.
En la foto contable, los ingresos no financieros sumaron 120.968 millones, un 6,7 % más que en 2024, mientras que los gastos alcanzaron 104.250 millones, con un aumento del 6,5 %.
Pero como suele ocurrir con las fotografías, hay que mirar lo que queda fuera del encuadre. Y lo que queda fuera es que, sin el apoyo del Tesoro Público, la Seguridad Social entraría en números rojos profundos.
El oxígeno prestado
En seis meses, el Estado ha transferido 32.315 millones de euros a la Seguridad Social, un 6 % más que en el mismo periodo del año pasado. Estos fondos han servido para pagar pensiones contributivas, no contributivas, incapacidad temporal, ingreso mínimo vital y otros gastos de gestión.
“Sin esas transferencias no habría habido paga extra de verano para nadie”, reconoce un alto funcionario del Ministerio que pide no ser citado. Y añade: “Esto no es nuevo, pero la magnitud crece cada año. El sistema, por sí mismo, no cubre sus gastos desde hace más de una década”.
En 2010, las transferencias rondaban los 10.000 millones anuales. En 2020 superaron los 26.000 millones. El año pasado fueron 48.000. En 2025, la proyección oficial apunta a más de 52.000 millones.
¿Superávit o espejismo?
Para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el saldo positivo es un espejismo. El organismo independiente prevé que, descontando las transferencias, la Seguridad Social cierre 2025 con un déficit cercano al 0,4 % del PIB. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es más tajante: “Incluir transferencias como ingresos propios es una ilusión contable”, afirma en su último informe.
El Ministerio, sin embargo, defiende la separación de fuentes de financiación como una garantía para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Para el Gobierno, las transferencias no son un parche, sino una forma de asegurar que el sistema cumpla su función redistributiva.
Dentro de la factura
La mayor parte del gasto se concentra en las pensiones contributivas, cuya nómina mensual alcanzó en junio los 13.563 millones. La paga extra duplicó esa cifra en el mismo mes.
A esto se suman 2.100 millones en pensiones no contributivas e incapacidad, 1.700 millones en ingreso mínimo vital y unos 113 millones en gastos de gestión y funcionamiento.
La pensión media se sitúa en 1.250,70 euros al mes, un 5 % más que en 2024. El aumento no es casual: los nuevos jubilados tienen carreras laborales más largas y bases de cotización más altas, lo que dispara el coste global.
El reloj demográfico
El otro gran factor es demográfico. 2025 marca el inicio de la jubilación masiva de la generación del baby boom, nacida entre finales de los 50 y mediados de los 70. En junio se pagaron más de 10,3 millones de pensiones, con una ratio de apenas 2,2 afiliados por cada pensionista.
La proyección para 2050 es inquietante: 1,49 afiliados por pensionista y 53 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar. “Es un reto que ni el mejor ciclo económico podrá resolver sin reformas profundas”, advierte la economista Natalia Fabra.
Lo que hacen otros
La presión sobre los sistemas de pensiones no es exclusiva de España.
- Francia retrasó la edad de jubilación de 62 a 64 años pese a protestas masivas.
- Alemania liga la edad de retiro a la esperanza de vida y refuerza planes complementarios.
- Italia aplica un sistema de cuentas nocionales que ajusta la pensión a lo cotizado.
- Suecia combina reparto y capitalización obligatoria, premiando cada año extra trabajado.
La diferencia es que España afronta este reto con un mercado laboral más frágil y menor tasa de ahorro privado.
Escenarios sobre la mesa
Los expertos coinciden en que la sostenibilidad requiere actuar en varias direcciones:
- Más ingresos: aumentar la base de cotizantes, combatir el fraude y reforzar la inmigración cualificada.
- Menos gasto: limitar jubilaciones anticipadas, alinear la edad efectiva con la legal, revisar el cálculo de la pensión.
- Ahorro complementario: impulsar planes de empresa y ahorro individual, con incentivos fiscales y aportaciones obligatorias.
Sindicatos como CCOO y UGT se oponen a recortes, mientras que la CEOE pide reformas que incentiven seguir trabajando más allá de la edad legal.
Voces críticas
Entre quienes siguen de cerca las cuentas de la Seguridad Social, José Ramón Riera se muestra especialmente directo. En su canal de YouTube advierte:
“Para pagar 103.000 millones de euros en pensiones e ingresos mínimos, solo ingresamos 86.000 millones. El resto son préstamos. Sin esas transferencias, estaríamos ante un déficit brutal”.
Riera recuerda que el año pasado ya fueron necesarias transferencias por valor de 48.000 millones y que este año, si la tendencia no cambia, la cifra podría alcanzar los 54 o 55.000 millones:
“Esto se financia con deuda. La Seguridad Social tiene ya una deuda de 126.000 millones, así que es el Estado quien la asume porque tiene mejor calificación crediticia. Pero no podemos vivir eternamente de préstamos para pagar las pensiones”.
Un futuro que ya está aquí
El debate sobre las pensiones ha pasado de ser una advertencia a convertirse en una urgencia. Cada mes, la Seguridad Social se enfrenta a un gasto creciente y a una base de ingresos que, aunque mejora, no crece al mismo ritmo.
La cuestión no es si habrá que reformar el sistema, sino cuándo y cómo. Y el reloj, marcado por el baby boom, ya ha empezado a contar.