Medidas para contener precios y su impacto limitado
El estudio, elaborado por Diego Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, señala que el decreto recupera de forma temporal medidas ya aplicadas durante la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, como la reducción de impuestos o el refuerzo del bono social.
Según el análisis, estas actuaciones contribuyen a aliviar el impacto del encarecimiento de la energía en los hogares y a moderar la inflación. No obstante, también advierte de que no discriminan por nivel de renta y reducen las señales de precios que incentivarían un menor consumo energético.
Reformas estructurales en el sistema eléctrico
El trabajo destaca que el RDL introduce cambios relevantes en aspectos clave del sector, como el acceso y conexión a la red eléctrica, la planificación de infraestructuras y el impulso a las energías renovables y al almacenamiento.
Entre las medidas mejor valoradas figura la creación de una prestación por reserva de capacidad, que busca evitar el acaparamiento especulativo de permisos y fomentar un uso más eficiente de la red.
Asimismo, se consideran positivas la introducción de plazos que provocan la caducidad automática de permisos si no se cumplen determinados hitos, así como los mecanismos que permiten renunciar o reducir capacidad asignada. Estas herramientas actúan como “pruebas de vida” para los proyectos y facilitan la entrada de nuevas iniciativas viables.
Riesgos de discrecionalidad y distorsión de la competencia
El análisis también identifica elementos de preocupación, especialmente la introducción de la categoría de proyectos “de alta prioridad” y de proyectos estratégicos definidos por la Administración.
A juicio del autor, esta figura puede abrir la puerta a una asignación discrecional del acceso a la red, alterando el principio de prelación temporal y los mecanismos competitivos existentes hasta ahora. Esto podría convertir el acceso a la red en un instrumento de política industrial, con riesgo de distorsionar la competencia.
Dudas sobre el tratamiento a centros de datos
En relación con los centros de datos, el decreto anticipa un régimen específico de acceso que podría incluir requisitos sobre el origen renovable de la energía, la eficiencia o el uso del agua.
El informe desaconseja este enfoque al considerar que introduce criterios ajenos al procedimiento de acceso a la red y podría generar diferencias entre consumidores sin una justificación regulatoria clara.
Impulso a renovables, planificación y almacenamiento
El estudio valora positivamente las medidas para flexibilizar la planificación de la red de transporte, permitiendo revisiones más frecuentes y adaptadas a la evolución de la demanda.
También destaca el impulso a las energías renovables mediante la creación de zonas de aceleración renovable (ZAR) y la simplificación de procedimientos administrativos, aunque advierte del riesgo de introducir subjetividad en la asignación de recursos.
En cuanto al almacenamiento, se consideran adecuadas las medidas para potenciar tecnologías como el bombeo hidráulico, así como la introducción de instrumentos para favorecer la descarbonización industrial.
Una reforma amplia con luces y sombras
En conjunto, el análisis concluye que el RDL 7/2026 supone una reforma de gran alcance que introduce mejoras relevantes en el funcionamiento del sistema eléctrico, especialmente en la gestión de permisos y en la planificación de infraestructuras.
No obstante, también incorpora mecanismos que pueden aumentar la discrecionalidad en la asignación de un recurso escaso como es el acceso a la red, lo que, según el autor, no resulta aconsejable frente a modelos basados en el mercado.
