Carlos Cuerpo adelanta el plan de choque por la guerra: habrá rebajas fiscales en la luz, pero se descartan para los alimentos

El Gobierno ya tiene definido la estructura del plan de respuesta al impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado hoy en una entrevista en RNE que el Ejecutivo está dispuesto a aplicar rebajas fiscales en el recibo de la electricidad, aunque ha cerrado la puerta a extender estas ventajas tributarias a la alimentación.

Cuerpo ha justificado esta decisión señalando que, por el momento, la economía española no ha sufrido el deterioro observado tras el estallido de la guerra en Ucrania. No obstante, el ministro ha garantizado que el plan incluirá mecanismos para mitigar el alza de los carburantes en sectores estratégicos como el transporte, el campo y la pesca.

Las cuatro patas del Real Decreto

El futuro paquete de medidas, que el Gobierno espera cerrar "con la mayor celeridad posible", se articulará en torno a cuatro pilares fundamentales:

• Reformas estructurales: Impulso a la electrificación y despliegue acelerado de energías renovables para blindar la independencia energética frente al gas y el petróleo.
• Fiscalidad energética: Bajadas de impuestos en los servicios de electricidad para aliviar la factura de hogares y empresas.
• Ayudas al carburante: Medidas específicas para limitar el impacto del precio del diésel y la gasolina, descartando la bonificación lineal de 20 céntimos aplicada en 2022.
• Escudo social: Protección directa a colectivos vulnerables, incluyendo la prohibición del corte de suministros básicos.

Bajo la lupa de Bruselas

A diferencia de la crisis anterior, España debe moverse en esta ocasión dentro de un marco fiscal más rígido. El ministro ha recordado que la Comisión Europea mantiene vigentes las reglas fiscales y no prevé activar la "cláusula de escape", ya que no se dan condiciones de recesión. Por ello, las ayudas deben ser proporcionales y estar muy focalizadas.

Cuerpo ha concluido enviando un mensaje de prudencia: el Ejecutivo se reserva la capacidad de ampliar estas medidas si la situación se agrava, aunque insiste en que, hoy por hoy, la afiliación y la actividad económica mantienen su dinamismo a pesar de la incertidumbre internacional.

Presión sectorial ante la escalada de costes

El anuncio del ministro se produce en un clima de creciente presión por parte de los principales agentes económicos, que alertan de un estrangulamiento de sus márgenes. Desde Hostelería de España, se ha urgido al Ejecutivo a no olvidar que el sector todavía arrastra el impacto de crisis anteriores y que el encarecimiento de la energía y los insumos básicos pone en riesgo la viabilidad de miles de pequeños negocios.

En una línea similar, la patronal de la construcción ha advertido de que la volatilidad de los precios de los materiales y el transporte podría volver a paralizar obras públicas y privadas si no se activan mecanismos de revisión de costes.

En el sector agrario (ASAJA, COAG y UPA), los agricultores han pedido la exención del IRPF para las ayudas recibidas y una rebaja drástica en el IVA de los insumos (fertilizantes y plásticos), que han disparado los costes de producción por encima de la rentabilidad.

Desde el sector pesquero, Cepesca, ha solicitado una bonificación específica para el gasóleo pesquero, alertando de que gran parte de la flota podría quedarse en puerto si llenar el depósito cuesta más que el valor de las capturas.

En el transporte, desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es quien se sienta a negociar con el Ministerio, y la CETM, el mensaje es también tajante. No ven otra salida que una ayuda directa al gasóleo profesional o una reforma profunda de la Ley de la Cadena del Transporte. Si el Gobierno no mueve ficha pronto, las patronales advierten de que el sector se encamina, casi sin remedio, a un nuevo paro nacional.

Por su parte, la asociación de gran consumo AECOC ha insistido en que la logística influye en la cesta de la compra y que, sin medidas contundentes que alivien el transporte de mercancías, será inevitable que la presión se acabe trasladando al consumidor final.

Esta preocupación es compartida por la OCU, que tilda de "insuficiente" centrar el alivio fiscal solo en la electricidad y demanda que se mantengan o refuercen las rebajas en el IVA de los alimentos básicos para proteger el poder adquisitivo de las familias más vulnerables.

Las asociaciones de trabajadores autónomos (ATA y UPTA), han reclamado una deflactación del IRPF y una reducción en las cuotas para compensar la pérdida de poder adquisitivo, insistiendo en que las pequeñas empresas no pueden absorber más subidas de costes energéticos.

Críticas de la oposición por la insuficiencia de medidas 

Desde el arco parlamentario, la oposición ha criticado con dureza la "falta de ambición" del plan avanzado por Cuerpo. El Partido Popular ha exigido una bajada de impuestos inmediata y generalizada, acusando al Gobierno de "ir por detrás de los acontecimientos" y de "recaudar a costa de la inflación" al no deflactar el IRPF ni actuar de forma directa sobre el precio final de los carburantes para todos los ciudadanos.

Por su parte, Vox ha calificado las medidas de "parches insuficientes" y ha exigido una reducción drástica y permanente del gasto político para poder acometer una bajada masiva de impuestos. La formación liderada por Santiago Abascal reclama la soberanía energética total y critica que el Gobierno siga "sumiso" a las directrices de Bruselas en lugar de liberalizar el sector para bajar los precios de forma inmediata.