El Consejo de la Productividad advierte de que España debe duplicar su eficiencia para evitar una caída de la renta per cápita

El presidente del Consejo de la Productividad de España, Juan Francisco Jimeno, advirtió ayer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados de que España necesita incrementar sus niveles de productividad por encima del doble de los registros actuales. Durante su comparecencia para presentar el último informe del organismo, Jimeno calificó este objetivo como "muy difícil". No obstante, alertó de que, en caso de no alcanzarse, la economía española se enfrentará a "disminuciones en la calidad de vida y en la renta per cápita en las próximas décadas" debido a la inevitable contracción poblacional derivada del envejecimiento y la baja natalidad.

El presidente del organismo regulador fundamentó su exposición en que el avance de la productividad depende de manera casi "exclusiva" del incremento del rendimiento por hora trabajada. Sostuvo que las vías alternativas, tales como el aumento continuado de la población activa o la prolongación de las jornadas laborales individuales, presentan un recorrido "límite". En un escenario donde la meta social y económica es trabajar menos tiempo, y ante unas previsiones demográficas que anticipan una reducción neta de la población a partir de la década de 2030, con tasas de caída de hasta el 1% anual en el entorno de 2040, la optimización de cada hora de trabajo se sitúa como la única variable sostenible.

El impacto fiscal de la eficiencia y el debate sobre el modelo de crecimiento

El informe del Consejo vincula de forma directa la eficiencia técnica con la capacidad de financiación del Estado del bienestar. Según los cálculos expuestos por Jimeno, si la productividad española fuera un 10% más elevada, con el consiguiente aumento equivalente del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, las arcas públicas recaudarían cerca de 60.000 millones de euros adicionales al año en impuestos sin necesidad de incrementar la presión fiscal actual. Para ilustrar la magnitud de esta cifra, el ponente subrayó que dicha cuantía iguala el volumen de recursos económicos que el Estado transfiere actualmente a la Seguridad Social para corregir su déficit contributivo.

Al analizar la evolución histórica reciente, el presidente recordó que el fuerte repunte de la productividad registrado en el siglo XX se frenó a finales de esa centuria. Desde entonces, el indicador no volvió a experimentar avances anuales del 1% hasta el periodo posterior a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, Jimeno alertó de que en los últimos tres trimestres el ritmo de avance ha vuelto a desacelerarse, e insistió en que una tasa del 1% resulta insuficiente, fijando en el 2% el umbral mínimo para compensar la pérdida de población futura. "Creciendo la productividad al 1%, el PIB per cápita se duplica cada 70 años; si se crece un 2%, se duplica cada 35. La diferencia es si queremos que disfruten nuestros hijos del doble de calidad de vida que nosotros o nuestros nietos", reflexionó ante la comisión parlamentaria.

Petición de una estrategia de Estado y reformas estructurales

La comparecencia evidenció que en el seno de la comunidad económica existe un debate abierto sobre si la mejora de la productividad observada tras la crisis sanitaria obedece a un cambio "estructural" en el modelo de crecimiento español o si es un fenómeno estrictamente "coyuntural". Este último estaría impulsado por la peculiaridad de la reactivación económica y el estímulo financiero de los fondos europeos. A este respecto, el experto apuntó la necesidad de monitorizar el comportamiento futuro de la inversión privada, la cual permanece estancada en niveles de 2019. Asimismo, sugirió que la reforma laboral podría haber tenido una contribución relevante en el incremento, si bien matizó que aún se carece de la evidencia estadística suficiente para confirmarlo.

Para corregir la trayectoria actual, Jimeno reclamó la elaboración de un informe exhaustivo y el diseño de una estrategia nacional en profundidad que priorice la mejora del capital humano, la optimización de la gestión empresarial y la calidad normativa. En el plano regulatorio, defendió que el problema de España no radica en el volumen de leyes existentes, sino en que el diseño de las normas carezca de la adecuada coordinación entre administraciones, claridad y previsibilidad. Finalmente, concluyó que el Consejo de la Productividad carece de la capacidad para desplegar esta estrategia de forma aislada, por lo que exigió la implicación de todas las administraciones públicas, los agentes sociales y la convicción de la sociedad civil organizada.