La CNMV y el Consejo General del Notariado renuevan su acuerdo contra el blanqueo de capitales
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Consejo General del Notariado han renovado su convenio de colaboración para compartir información estratégica de las bases de datos notariales. Este acuerdo permite al supervisor de los mercados acceder a datos clave sobre la titularidad real de las empresas y la identificación de personas con responsabilidad pública, facilitando la detección de operativas irregulares.
El convenio, firmado por los presidentes de ambas instituciones, Concepción Pilar Barrio Del Olmo y Carlos San Basilio, garantiza la continuidad de una herramienta esencial para la transparencia financiera. La CNMV podrá seguir consultando la Base de Datos de Titular Real, que identifica de manera acreditada a las personas físicas que están detrás de más de dos millones de sociedades limitadas y anónimas, así como de fundaciones y asociaciones.
Esta base de datos es una pieza fundamental en las investigaciones sobre posibles casos de abuso de mercado. Al conocer quién es el beneficiario último de una estructura societaria, el supervisor puede rastrear con mayor precisión movimientos sospechosos de capitales y evitar que el entramado empresarial se utilice como pantalla para actividades ilícitas.
Control sobre personas de responsabilidad pública y allegados
Otro pilar del acuerdo es el acceso a la base de datos que identifica a más de 27.000 personas con responsabilidad pública y a unos 44.300 allegados o vínculos profesionales. Este registro es vital para la prevención del blanqueo de capitales, ya que permite supervisar de cerca las operaciones financieras de cargos electos o designados y de las sociedades en las que participan.
La colaboración entre ambas entidades se remonta al año 2011 y ha demostrado ser plenamente satisfactoria para la supervisión de los mercados de valores. Para asegurar la efectividad del convenio, se mantiene una comisión mixta de seguimiento encargada de actualizar los mecanismos de intercambio de información y resolver cualquier incidencia técnica o normativa que pueda surgir en el futuro.