Madrid acogerá a 647 menores migrantes no acompañados y recibirá 15,8 millones en medio del rechazo del Gobierno regional

La Comunidad de Madrid acogerá a 647 menores migrantes no acompañados dentro del nuevo reparto estatal impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, lo que la convierte en la segunda autonomía con más tutelas asignadas, solo por detrás de Andalucía, que asumirá 677 menores. A cambio, la región madrileña recibirá 15,8 millones de euros para sufragar los costes derivados de la acogida, según un documento distribuido a las consejerías autonómicas y al que ha tenido acceso Europa Press.

Este reparto de menores migrantes se enmarca en la aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo, y pretende aliviar la presión en las regiones fronterizas como Canarias, Ceuta y Melilla, que se encuentran al límite de su capacidad debido al aumento sostenido de llegadas en los últimos dos años. En total, serán trasladados 3.975 menores desde estos territorios: 3.355 desde Canarias, 445 desde Ceuta y 175 desde Melilla.

Un modelo basado en la “solidaridad equitativa”

La medida, que será aprobada próximamente por real decreto, se basa en una “fórmula de solidaridad equitativa” entre comunidades autónomas, en función de parámetros como la población total de cada región y su capacidad ordinaria de acogida. En el caso de Madrid, esta capacidad se estima en 2.325 plazas, dentro de un sistema nacional que puede albergar hasta 16.016 menores migrantes no acompañados.

Por detrás de Andalucía y Madrid, la Comunitat Valenciana acogerá a 571 menores, mientras que Cataluña solo acogerá a 31 y el País Vasco directamente no asumirá ninguno, alegando su elevada participación en años anteriores. Esta disparidad ha generado tensiones políticas en el seno del reparto.

Críticas del Gobierno madrileño

A pesar de la dotación económica asignada, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha expresado su rotundo rechazo al reparto, tanto por el procedimiento empleado como por los criterios de distribución, que considera “arbitrarios”.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha calificado el reparto como una decisión “ilegal e inconstitucional”, tramitada por vía de urgencia sin consenso autonómico. Dávila sostiene que se han utilizado “criterios subjetivos” que favorecen a determinadas comunidades por motivos políticos, señalando que territorios como Cataluña y el País Vasco quedan prácticamente exentos, a pesar de tener recursos suficientes, lo que —en sus palabras— responde a una “estrategia de supervivencia del sanchismo”.

“El Gobierno central ha demostrado una vez más su incapacidad de gestión frente a una crisis migratoria que lleva casi dos años agravándose”, denunció Dávila, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “delegar su responsabilidad sin coordinar ni garantizar la legalidad del proceso”.

Una crisis migratoria persistente

El reparto se produce en un contexto de tensión migratoria prolongada, con Canarias, Ceuta y Melilla enfrentando un colapso estructural en sus dispositivos de acogida. Las llegadas de menores extranjeros no acompañados se han multiplicado en los últimos meses, generando una sobrecarga insostenible en los servicios sociales de estas regiones.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha defendido la medida como una acción solidaria, urgente y necesaria para preservar los derechos fundamentales de los menores migrantes y garantizar su atención adecuada en condiciones dignas, cumpliendo con la normativa nacional e internacional sobre protección de la infancia.

El Gobierno insiste en que el reparto responde a criterios técnicos, y que la dotación económica —que en conjunto supera los 90 millones de euros— garantiza los recursos necesarios para una acogida adecuada.

Un año para completar los traslados

Según lo establecido en el decreto, los traslados deberán completarse en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor. Las comunidades están obligadas a asumir la tutela y protección integral de los menores asignados, que serán reubicados en centros residenciales, programas de acogida y otros dispositivos bajo supervisión de los servicios sociales autonómicos.

El proceso, sin embargo, no estará exento de tensiones políticas. La oposición de gobiernos autonómicos como el de Madrid, y el rechazo del PP al procedimiento, auguran un escenario de conflicto institucional que podría obstaculizar la aplicación del reparto y reavivar el debate sobre la competencia territorial en política migratoria.

Mientras tanto, miles de menores esperan una respuesta efectiva y coordinada a su situación de desamparo, en lo que se perfila como uno de los grandes desafíos sociales y políticos del presente curso.