Subidas de alquiler y contratos en el aire: afectados por la venta de pisos de La Caixa piden protección municipal
Los vecinos de varios edificios de viviendas situados en Villa de Vallecas y Vicálvaro han reclamado la intervención del Ayuntamiento de Madrid tras la venta de estos inmuebles por parte de la Fundación La Caixa a un fondo de inversión privado.
Los afectados denuncian subidas “desproporcionadas” de los alquileres, la no renovación de contratos y el riesgo de que parte de las viviendas se destinen a apartamentos turísticos u otros usos más lucrativos.
Este jueves, representantes vecinales acudieron a la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para registrar una carta en la que solicitan la “protección” del Consistorio ante una situación que califican de vulnerabilidad habitacional y que afecta, según indican, a centenares de familias.
Viviendas construidas en suelo público con finalidad social
Las viviendas en cuestión se levantaron sobre suelo de titularidad pública municipal y formaban parte, en su origen, de un proyecto con finalidad social, orientado a garantizar estabilidad residencial a familias con recursos limitados.
“Durante más de 20 años, estas viviendas han constituido nuestro hogar y han cumplido fielmente la función social para la que fueron concebidas”, señalan los vecinos en la carta remitida a la EMVS. Subrayan además que han cumplido de forma continuada con sus obligaciones contractuales y han contribuido al mantenimiento y la convivencia en los edificios.
Incrementos de alquiler y temor a desahucios
Tras la venta de los inmuebles, los inquilinos aseguran haber recibido comunicaciones en las que se les trasladan importantes incrementos en las rentas y, en algunos casos, la decisión de no renovar los contratos de alquiler. Según relatan, de manera verbal se les ha indicado que el objetivo del nuevo propietario sería destinar parte de las viviendas a usos más rentables, como el alquiler turístico.
Esta situación, advierten, genera un riesgo real de desahucio para numerosas familias que llevan décadas residiendo en los barrios afectados.
Peticiones al Ayuntamiento de Madrid
En su escrito, los vecinos solicitan al Ayuntamiento que explore vías de protección, mediación o intervención institucional para evitar el desamparo de las familias. También reclaman conocer qué medidas puede activar el Consistorio para defender el uso social del suelo público y valorar alternativas de compra, gestión o colaboración que permitan garantizar la continuidad de los actuales residentes.
El PSOE llevará el asunto al Pleno municipal
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, acompañó a los vecinos durante la presentación de la carta y señaló a la EMVS como “responsable subsidiaria”, al haberse edificado estos inmuebles en suelo público o mediante fórmulas de colaboración público-privada.
Maroto criticó además que Partido Popular y Vox rechazaran recientemente en el Pleno una iniciativa socialista destinada a abrir vías de negociación y proteger el derecho de estas familias a permanecer en sus hogares, lo que atribuyó a una “falta de voluntad política”.
Propuestas para proteger la vivienda social
Los socialistas anunciarán en el próximo Pleno una iniciativa para exigir una intermediación institucional en las operaciones inmobiliarias que afectan a la Fundación La Caixa y también a la Fundación Fusara, implicada en otra venta de edificios que podría suponer riesgos similares para los residentes.
Entre las medidas planteadas figuran la coordinación con los Servicios Sociales Municipales, la participación activa de los vecinos en los procesos y la creación de un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social, con el fin de prevenir desahucios, cambios de uso especulativos y la pérdida de vivienda asequible.
Tanteo, retracto y seguimiento municipal
El PSOE también reclamará que el Ayuntamiento ejerza de forma prioritaria los derechos de tanteo y retracto en la transmisión de edificios con alquiler social para incorporarlos al parque público de la EMVS, así como la creación de una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social.
“Madrid no puede expulsar a vecinos de toda la vida”, concluyó Reyes Maroto, quien aseguró que su grupo seguirá defendiendo a las familias afectadas como “el rostro de la emergencia habitacional que vive la ciudad”.