La Justicia investiga por primera vez a un fondo buitre por acoso inmobiliario tras la querella de los vecinos de Tribulete 7
La admisión a trámite de la querella de Tribulete 7 marca la primera imputación en España a un fondo buitre por acoso inmobiliario y abre un precedente histórico
El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite la primera querella colectiva en España por acoso inmobiliario y ha acordado la imputación del fondo Elix Rental Housing, su gestora y varios altos cargos de la empresa, así como del arquitecto y jefe de obra del inmueble situado en Tribulete 7, en el barrio de Lavapiés. Se trata de un paso judicial sin precedentes que abre la puerta a la primera investigación penal contra un gran tenedor por estas prácticas.
La querella, presentada por los vecinos del edificio con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se basa en más de un año de pruebas, informes y documentación que apuntan a un supuesto hostigamiento sistemático desde que la socimi adquirió el bloque en marzo de 2024. La abogada del sindicato, Alejandra Jacinto, subraya que existen “indicios más que suficientes de acoso, coacción y daño a la integridad moral”, una figura penal contemplada en el Código Penal y agravada cuando se desarrolla en la vivienda habitual.
Obras invasivas, cortes de suministro y desperfectos: denuncias de un acoso continuado
Los vecinos aseguran que, desde la compra del edificio, la propiedad inició una estrategia destinada a provocar su marcha mediante obras insoportables, cortes de agua y luz, ruidos continuos, filtraciones, goteras e incluso desprendimientos de techo. Varias familias han abandonado ya sus viviendas por el deterioro y la inseguridad.
“Seguimos viviendo entre grietas y ruido, con goteras y miedo, pero al menos ahora la Justicia nos escucha”, reconoce Cristina Gómez, una de las afectadas. Otros inquilinos recuerdan que, ante la falta de respuesta de la empresa, recurrieron a acciones simbólicas como sacar los muebles a la calle, convertir las viviendas en auditorios o celebrar un funeral por “la muerte de los barrios”.
La abogada del sindicato sostiene que la finalidad del fondo era clara: “expulsar a los inquilinos para sustituirlos por contratos más rentables”, evitando así procedimientos judiciales de desahucio y acelerando la transformación del edificio.
Declaraciones fijadas para febrero y marzo de 2026
La Justicia ha citado a declarar el 19 de febrero de 2026 a la propiedad de Elix Rental Housing, a altos directivos, a dos trabajadores y al arquitecto responsable del proyecto. El jefe de obra de la constructora Serrazar, subcontratada para las reformas, comparecerá el 3 de marzo.
Según el auto judicial, todos ellos son “posibles responsables” de un delito de acoso inmobiliario ejecutado mecánicamente a través de intervenciones en el edificio que “impiden el uso legítimo de la vivienda”.
Una batalla que trasciende el edificio: impacto político y social
La imputación ha sido celebrada como una victoria histórica por plataformas de vivienda y responsables políticos. La concejala de Más Madrid, Lucía Lois, calificó la decisión como “un logro sin precedentes del movimiento de vivienda” y como el primer paso para “acabar con prácticas mafiosas de expulsión vecinal”.
Tanto Más Madrid como PSOE han pedido reforzar los mecanismos de protección frente a las reformas agresivas y el acoso inmobiliario. Lois recordó que su grupo propuso crear una Oficina Municipal de Defensa del Residente, rechazada por el Gobierno municipal de Martínez-Almeida.
El Sindicato de Inquilinas subraya que el caso Tribulete 7 puede convertirse en un precedente legal para otras comunidades afectadas por acciones similares de grandes fondos en Madrid y otras ciudades: “Este no es un caso aislado; es un modelo de negocio que debe frenarse”.
Un precedente que puede cambiar el mapa del alquiler en España
La investigación penal contra un fondo buitre por acoso inmobiliario marca un antes y un después en la defensa del derecho constitucional a la vivienda. De confirmarse los hechos, la resolución podría sentar jurisprudencia y reforzar la capacidad de los vecinos para enfrentar estrategias de expulsión vinculadas a reformas, deterioros deliberados o presión psicológica.
Mientras avanza la causa judicial, los vecinos mantienen su determinación: “Nos quedamos”, un lema que se ha convertido en emblema de resistencia vecinal frente a la especulación.