Isabel Rodríguez reunirá a las comunidades autónomas para cerrar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha convocado a los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial el próximo jueves 2 de octubre para debatir el Proyecto de Real Decreto que regulará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuya aprobación definitiva está prevista antes de que finalice el año.

Este nuevo plan contempla una inversión récord de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. El Estado asumirá el 60% de la financiación mientras que las comunidades gestionarán el 40% restante. Según el Ministerio, el reparto permitirá aumentar de forma sustancial la oferta de vivienda pública y garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de mayor asequibilidad.

Rodríguez ha reiterado en varias ocasiones su “mano tendida” a las autonomías para alcanzar un gran acuerdo de Estado en materia de vivienda. No obstante, advirtió semanas atrás que si alguna comunidad no se sumaba, los fondos previstos para ellas se destinarán a los ayuntamientos dispuestos a comprometerse con estas políticas.

Tres compromisos “imprescindibles”

El Gobierno central reclama a las comunidades que asuman tres compromisos básicos: triplicar la inversión en políticas públicas de vivienda, blindar de manera permanente el parque público y garantizar la transparencia de los datos, a través de un sistema fiable y accesible para la ciudadanía.

En este sentido, la ministra ha señalado que la mayoría de regiones se han mostrado favorables al diálogo, con la excepción de Madrid, que ya expresó su rechazo a participar en el acuerdo. Rodríguez se ha mostrado confiada en poder alcanzar consensos incluso con gobiernos autonómicos del PP, siempre que —ha dicho— “no medien llamadas de Génova”.

Distribución de los fondos

Del total de la inversión, un 40% se destinará a vivienda pública, un 30% a programas de rehabilitación con criterios de eficiencia energética y accesibilidad, y el 30% restante a ayudas de carácter emergente, como el apoyo a los jóvenes en su emancipación y la intervención en zonas tensionadas del mercado inmobiliario.

El plan se estructura en cinco ejes fundamentales: impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; rehabilitación y regeneración urbana y rural; apoyo a la emancipación juvenil; reducción de la tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda; y medidas específicas en territorios con mayores dificultades de acceso.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de audiencia pública, abierta hasta el 7 de octubre, lo que permitirá incorporar propuestas adicionales de las comunidades, entidades locales y agentes sociales.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca dar respuesta al creciente clamor social por una política de vivienda más ambiciosa, situando a este plan como una de las piezas clave de la legislatura.