El Gobierno notifica a las plataformas 1.531 pisos turísticos ilegales en Madrid y exige retirar sus anuncios
El Ministerio de Vivienda detecta irregularidades en alojamientos que no cumplen los requisitos legales. La capital concentra más de 1.200 casos
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas digitales de alquiler la existencia de 1.531 pisos turísticos ilegales en la Comunidad de Madrid, instando a que se retiren de inmediato sus anuncios. Estos inmuebles solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero no lo han obtenido al no cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente.
En el conjunto de España, 53.876 viviendas han visto revocado su permiso como alquileres temporales, de modo que ahora las plataformas deberán proceder a la retirada de sus anuncios, que en muchos casos aparecen en varios portales de forma simultánea.
El objetivo del Ejecutivo es incorporar estas viviendas al mercado residencial y aliviar la presión sobre los precios de alquiler, especialmente en las grandes ciudades.
Madrid, epicentro de las irregularidades
La Comunidad de Madrid concentra la mayor parte de las incidencias. En la región, más de un tercio de las solicitudes de registro de uso turístico han sido denegadas. De los 1.531 pisos ilegales notificados, 1.257 se encuentran en la capital, seguida de Alcalá de Henares (45), San Sebastián de los Reyes (16), Camarma de Esteruelas (10) y Fuentidueña de Tajo (10).
Desde que entró en vigor el Registro único de alojamientos temporales el 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes en toda España, de las que el 78,7% corresponden a alquileres turísticos. Sin embargo, más de 53.700 han sido revocadas, lo que representa el 20,3% del total.
Una anomalía en la Comunidad de Madrid
Según el Ministerio, la región madrileña refleja “la gran anomalía del sistema”, ya que el 83% de los inmuebles inscritos lo han hecho como alquileres temporales y solo el 17% como turísticos. Vivienda advierte de que este patrón refleja un uso irregular de la figura del alquiler temporal para eludir la normativa sobre viviendas de uso turístico.
El Gobierno insiste en que el control y depuración de estos registros permitirá regularizar el sector, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la oferta de vivienda habitual para los ciudadanos.