El Gobierno cede los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel a Sepes para construir 508 viviendas asequibles
El Consejo de Ministros aprueba el traspaso de los suelos de la antigua prisión de Carabanchel a Sepes para construir 508 viviendas dentro del Plan de Vivienda Asequible
El Gobierno de España ha aprobado el traspaso de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el objetivo de construir 508 viviendas asequibles en una superficie de 27.000 metros cuadrados. La decisión, adoptada este martes en el Consejo de Ministros, forma parte del Plan de Vivienda Asequible que busca ampliar el parque público de vivienda en todo el país.
27.000 metros para transformar Carabanchel
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicó que los suelos que pasarán a manos de Sepes forman parte de los 172.000 metros cuadrados del antiguo complejo penitenciario de Carabanchel, clausurado en 1998. El Ejecutivo dispone además de otros 2.400 metros en propiedad de la Sareb, que se incorporarán al proyecto.
“El proyecto de urbanización ya está en trámite y tan pronto como sea aprobado se procederá a licitar”, aseguró Rodríguez. La ministra destacó que la actuación busca “resignificar dignamente” los terrenos de la antigua prisión, que durante décadas alojó a figuras históricas como Marcelino Camacho, Nicolás Redondo o Eduardo Saborido.
Viviendas asequibles y urbanización simultánea
El Gobierno planea aplicar en Carabanchel el mismo modelo que en el futuro barrio de Campamento, combinando las obras de urbanización y construcción de viviendas de forma simultánea para agilizar los plazos.
“Significa ir trabajando el suelo mientras se levantan las viviendas, de manera que puedan estar disponibles cuanto antes”, subrayó la ministra. En total, la actuación permitirá dotar al suroeste de Madrid de 508 viviendas que contribuirán a ampliar el parque público y asequible de la capital.
Parte de un plan más amplio de reutilización de suelos penitenciarios
El traspaso de Carabanchel se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para reconvertir antiguos suelos e infraestructuras penitenciarias en viviendas asequibles. En total, se prevé la creación de 1.332 viviendas protegidas en ocho localizaciones: Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos.
Rodríguez destacó que este tipo de operaciones representan “un paso más en la consolidación del parque público de vivienda, no solo público, sino digno y ajustado a estándares de calidad”.
Inversión de 260 millones de euros para Sepes
El Consejo de Ministros también aprobó una transferencia de 260 millones de euros a Sepes destinada al desarrollo del Plan de Vivienda Asequible. Estos fondos se utilizarán para la gestión y promoción de suelos destinados a la construcción de viviendas con precios moderados, tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas.
“Estamos movilizando todos los recursos posibles para que el acceso a una vivienda digna deje de ser un privilegio y sea un derecho garantizado”, afirmó la ministra.
Crítica al Gobierno regional por no declarar zonas tensionadas
Durante su intervención, Isabel Rodríguez aprovechó para criticar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, al que acusó de no atender las peticiones de once municipios madrileños que han solicitado ser declarados como zonas tensionadas, lo que permitiría aplicar medidas de la Ley de Vivienda para limitar el precio de los alquileres.
“El Gobierno de España ha hecho su trabajo. Ahora esperamos que la Comunidad de Madrid también haga el suyo”, afirmó Rodríguez, animando a los ayuntamientos que lo deseen a solicitar la declaración para poder proteger a los inquilinos de los aumentos abusivos de renta.
Una nueva etapa para un lugar cargado de historia
El proyecto de vivienda en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel busca no solo dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible en Madrid, sino también transformar un espacio con un fuerte simbolismo histórico.
El complejo penitenciario, inaugurado en 1944, se convirtió durante décadas en un símbolo de represión política durante el franquismo, al acoger a numerosos presos sindicales y opositores. Su demolición en 2008 abrió el debate sobre el futuro del solar, que finalmente se convertirá en un nuevo espacio residencial con un enfoque social.
Con este paso, el Gobierno pretende convertir un espacio de memoria y represión en un lugar de oportunidad y convivencia, alineado con su compromiso de aumentar la vivienda pública y reforzar el acceso asequible al hogar.