La FRAVM exige al Gobierno destinar hasta el 3% del PIB a políticas de vivienda en sus alegaciones al nuevo Plan Estatal 2026-2030
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sus alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, reclamando un aumento sustancial del gasto público en vivienda hasta alcanzar entre el 1% y el 3% del PIB, con el fin de afrontar la actual crisis habitacional y priorizar a los sectores con mayores dificultades de acceso a un hogar digno.
La organización vecinal, que agrupa a casi 300 entidades de 51 municipios madrileños, considera que la dotación prevista por el Gobierno central es “absolutamente insuficiente”. Según los cálculos del Ministerio, el nuevo plan destinará 6.666 millones de euros en cinco años, es decir, 1.400 millones anuales, lo que equivale a solo el 0,08% del PIB nacional en 2025. Para la FRAVM, “todo lo que no sea invertir entre el 1% y el 3% del PIB en políticas de vivienda nos condena a no resolver el problema estructural del acceso a la vivienda en España”.
El documento remitido al Ministerio reclama que ese incremento presupuestario se enfoque hacia la vivienda pública y su blindaje, la rehabilitación energética y social de edificios y la protección de los sectores con rentas más bajas. La Federación insiste en que no basta con fomentar la construcción de nueva vivienda protegida, sino que es necesario reforzar la compra y recuperación de viviendas vacías para ampliar el parque público permanente.
La FRAVM denuncia que el análisis del Plan omite cuestiones clave como el sinhogarismo, la precariedad habitacional o la especulación derivada de la retención de viviendas vacías. Critica, además, que el documento mezcle las viviendas desocupadas con pisos turísticos o de alquiler temporal, lo que, a su juicio, “justifica la necesidad de construir más mientras se ignora la retención especulativa del parque existente”.
Según el INE, en España hay más de 3 millones de viviendas vacías, de las cuales 97.000 se encuentran en la ciudad de Madrid. Sin embargo, el Plan Estatal, señala la FRAVM, no contempla medidas específicas para movilizar ese stock hacia el alquiler asequible ni aborda la fiscalidad de los grandes tenedores o de las sociedades de inversión inmobiliaria.
Entre las propuestas concretas, la Federación plantea que una quinta parte del presupuesto del Plan se destine a reducir la tasa de esfuerzo de las familias vulnerables, priorizando a víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o sin hogar, y a quienes tengan ingresos inferiores a tres veces el IPREM.
En materia de rehabilitación, la FRAVM pide que las ayudas públicas dejen de tributar como ganancia patrimonial, evitando casos como el de las conocidas “viudas de Orcasitas”, que perdieron complementos sociales al verse obligadas a declarar subvenciones para obras de mejora en sus edificios.
La organización también advierte sobre el riesgo de que las ayudas al alquiler para jóvenes terminen beneficiando más a los arrendadores que a los inquilinos. Para evitar el uso especulativo de las subvenciones a la compra en pequeños municipios, propone ampliar de cinco a diez años la obligación de residir en la vivienda adquirida.
Por último, la FRAVM solicita la creación de un Consejo Asesor de Vivienda, como cuarto órgano de cooperación administrativa dentro del Plan Estatal, con la participación de federaciones vecinales, entidades sociales, sindicatos, expertos académicos y representantes del tercer sector. Este organismo tendría una función técnica y consultiva, destinada a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre administraciones.
Con estas alegaciones, la Federación reclama un cambio estructural en la política de vivienda, basado en la inversión sostenida, la función social de la propiedad y la protección efectiva de los derechos habitacionales. “No se trata solo de construir más, sino de garantizar que nadie quede excluido del derecho a una vivienda digna”, concluye la FRAVM en su escrito.