Un fondo de inversión presiona a 18 familias para vaciar un edificio en Malasaña y reconvertirlo
La compra del edificio de Valverde 42, en Malasaña, por un fondo de inversión ha desatado un conflicto vecinal por la no renovación de alquileres y presiones para desalojar
La adquisición del bloque residencial situado en el número 42 de la calle Valverde, en pleno barrio de Malasaña, ha provocado un nuevo conflicto en el centro de Madrid vinculado a la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda asequible. El inmueble fue adquirido el 6 de noviembre de 2025 por el fondo de inversión Vencar Capital, una operación que, según los residentes, se cerró sin información previa a los inquilinos.
Tras la compra, la nueva propiedad comunicó a los vecinos su intención de no renovar los contratos de alquiler a medida que vayan venciendo. Paralelamente, ofreció compensaciones económicas a cambio de abandonar las viviendas antes de la finalización de los contratos, unas cantidades que los afectados consideran insuficientes para encontrar una alternativa habitacional en el barrio o en el distrito Centro.
El edificio está habitado por 18 personas, algunas de ellas con más de veinte años de residencia continuada, que hasta la venta no habían tenido conflictos con el anterior propietario. Desde entonces, denuncian un cambio radical en su situación, marcada por la incertidumbre, la presión constante y el temor a perder su hogar.
Presión creciente y clima de intimidación
Los residentes aseguran que, tras manifestar su decisión de permanecer en sus viviendas, la actitud de la propiedad se endureció. Relatan visitas frecuentes al inmueble, presencia permanente de personal de vigilancia y un control continuo de las zonas comunes, lo que ha generado un clima de intimidación que afecta a la convivencia diaria.
Parte de los pisos ya han quedado vacíos y el edificio ha comenzado a recibir visitas de terceros interesados en el inmueble. Según explican los vecinos, el objetivo del fondo sería reformar el bloque para destinarlo a un uso más rentable, una práctica habitual en zonas céntricas donde el valor del suelo se ha disparado en los últimos años.
Los residentes sostienen que el edificio fue adquirido por unos 5,3 millones de euros y que el fondo estaría explorando su reventa por una cifra muy superior una vez desalojado, lo que refuerza la percepción de una operación especulativa a corto o medio plazo.
Un problema estructural en el centro de Madrid
El conflicto de Valverde 42 se inscribe en un proceso más amplio de transformación urbana en Malasaña, uno de los barrios más afectados por la expansión del alquiler turístico y la inversión inmobiliaria intensiva. Los vecinos alertan de que esta dinámica está provocando la expulsión progresiva de población residente, el cierre de pequeños comercios y la pérdida del tejido social.
Los datos del mercado respaldan esta preocupación. Según Idealista, el precio medio del alquiler en el distrito Centro alcanzó en diciembre de 2025 los 27,1 euros por metro cuadrado, su máximo histórico. A ello se suma que, a lo largo de 2026, cientos de miles de contratos de alquiler vencerán en toda España, una situación que podría agravar los procesos de desplazamiento forzoso en las grandes ciudades.
Organización vecinal y respuesta social
Ante este escenario, 16 de los 18 residentes han decidido organizarse como “bloque en lucha”, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, asociaciones vecinales y colectivos sociales. El objetivo es visibilizar el conflicto, reclamar protección institucional y exigir medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
La situación ha despertado también el respaldo de formaciones políticas y organizaciones sociales, que denuncian un nuevo caso de expulsión vecinal en el centro de la capital. Consideran que la no renovación sistemática de contratos y las ofertas económicas para adelantar la salida constituyen una forma de desahucio indirecto, difícil de reflejar en las estadísticas oficiales.
Un modelo de ciudad en debate
Los vecinos de Valverde 42 insisten en que su caso no es excepcional, sino un ejemplo más de un modelo de ciudad que prioriza la rentabilidad económica frente a la vida vecinal. Alertan de que, si esta tendencia continúa, el centro de Madrid corre el riesgo de convertirse en un espacio orientado casi exclusivamente al turismo y la inversión, expulsando a quienes viven y trabajan en él.
Mientras avanzan las movilizaciones y se reclaman soluciones desde las administraciones públicas, los residentes mantienen su intención de seguir en sus viviendas y pagar el alquiler, defendiendo no solo sus contratos, sino su derecho a seguir formando parte del barrio.