La Agencia Negociadora del Alquiler alerta de que el intervencionismo “exagerado” expulsa a los propietarios del mercado tradicional

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, advirtió de que el intervencionismo “exagerado” del Gobierno en el mercado del alquiler está “espantando” a los propietarios, que se desplazan hacia mercados menos regulados, como el alquiler turístico o de temporada, ante la creciente inseguridad jurídica. “Ante una enorme demanda y una oferta escasa, los precios van a subir siempre”, explicó Zurdo durante el foro ‘La situación actual del arrendamiento de viviendas’, organizado por Servimedia.

En el encuentro participaron también Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos y Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados de Madrid; Jaime Cabrero, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Madrid; y Beatriz Moreno, secretaria letrada del Consejo Arbitral del Alquiler de la Comunidad de Madrid. Todos coincidieron en que el exceso de regulación está deteriorando el mercado y dificultando el acceso a la vivienda.

Zurdo sostuvo que la actual política de vivienda “pretendía proteger a los inquilinos, pero ha terminado perjudicándolos”. Según explicó, los propietarios, ante el riesgo de impagos u ocupaciones, están exigiendo más garantías, lo que encarece los precios y expulsa del mercado a las familias con menos recursos. “Se legisló con buena intención, pero se ha conseguido el efecto contrario”, lamentó.

El responsable de la Agencia Negociadora también apuntó que el auge del alquiler por habitaciones y de temporada se debe a la falta de viviendas en el mercado tradicional, y pidió al Gobierno medidas que incentiven la oferta en lugar de más intervenciones.

Por su parte, Alberto Torres criticó que la Ley de Vivienda no ha tenido los efectos esperados y ha generado una “enorme alarma social”. Defendió la necesidad de soluciones estructurales, como un mayor impulso a la vivienda social, y advirtió de que resolver el problema “tendrá un coste que el ciudadano debe asumir si se quiere cambiar el modelo actual”.

Jaime Cabrero fue aún más contundente al señalar que el intervencionismo ha creado “una inseguridad jurídica insostenible” para inversores y propietarios. “Cuando el Estado interviene en exceso, los arrendadores retiran sus viviendas del mercado y los precios suben”, explicó. Añadió que el concepto de vulnerabilidad no puede recaer sobre el arrendador, porque “su función es mantener la vivienda digna; para todo lo demás está la vivienda social”.

En la misma línea, Beatriz Moreno defendió la “intervención mínima del Estado” en el mercado inmobiliario y criticó la tendencia del Gobierno a convertir un problema técnico en un conflicto político. “Han mezclado propiedad privada, derechos sociales y política partidista en un mismo cóctel. El resultado es confusión y desconfianza”, denunció.

Ante la propuesta de Más Madrid de dar carácter permanente a los contratos de arrendamiento, los expertos coincidieron en que sería “un error histórico”. Moreno aseguró que “el alquiler consiste en la cesión temporal de un bien”, y que modificar ese principio equivaldría a crear “un usufructo disfrazado”. Torres recordó que ya se intentó algo similar con la prórroga forzosa durante la dictadura de Franco, y “acabó fracasando”. Zurdo fue tajante: “Si eso se aprueba, el mercado del alquiler desaparecerá tal y como lo conocemos”.

Por último, los ponentes analizaron la propuesta del Ministerio de Vivienda de ofrecer una exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que ajusten las rentas al Índice Estatal de Precios de la Vivienda. Zurdo consideró que se trata de “un caramelo que no compensa”, ya que las diferencias entre las rentas fijadas por el Ministerio y los precios reales de mercado son demasiado grandes. “En muchos casos, a los arrendadores no les saldría a cuenta bajar las rentas. Hay que estudiarlo con cautela”, subrayó.

En definitiva, los expertos coincidieron en que la intervención estatal excesiva está distorsionando el mercado y reclamaron una revisión profunda de la Ley de Vivienda para devolver la confianza a propietarios e inversores y recuperar la oferta perdida.