La comunidad universitaria se concentra ante la Asamblea de Madrid para denunciar la infrafinanciación y la deriva privatizadora
Estudiantes y personal universitario protestan frente a la Asamblea contra los presupuestos 2026 y la futura ley que, denuncian, impulsa la privatización
La mañana del 4 de diciembre, coincidiendo con el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, la comunidad universitaria madrileña volvió a movilizarse en defensa de la Universidad Pública con una concentración frente a la Asamblea de Madrid. La protesta, convocada por las Plataformas en Defensa de la Universidad Pública y respaldada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT y UGT, reunió a estudiantes, docentes y personal investigador que exigen una financiación justa para las universidades madrileñas.
La convocatoria se produce una semana después de las históricas jornadas de huelga del 26 y 27 de noviembre, que paralizaron la actividad académica en diversos campus. Los convocantes denuncian que los presupuestos autonómicos continúan en la línea de infrafinanciación estructural y alertan de un “estrangulamiento presupuestario” que amenaza la calidad y sostenibilidad del sistema público universitario.
El incremento presupuestario destinado a las universidades públicas para 2026 será del 6,47%, una cifra inferior al 6,98% del presupuesto general regional, y muy lejos del objetivo marcado por la LOSU, que fija una financiación mínima del 1% del PIB, objetivo que Madrid ni siquiera alcanza a la mitad. Para las plataformas convocantes, este escenario compromete la investigación, la contratación, la estabilización del personal y el acceso equitativo a la educación superior.
Además del presupuesto, durante la concentración se expresó con firmeza el rechazo al Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que prepara el Gobierno regional. Las organizaciones críticas sostienen que esta futura norma favorece la creación de centros privados, impulsa la colaboración público-privada en detrimento de lo público, refuerza el control político a través de los Consejos Sociales y mantiene sanciones para protestas en los campus.
Para los manifestantes, el riesgo es claro: “La Universidad Pública está en una situación límite y necesita inversión, no una ley que abra la puerta a la privatización”. En este sentido, anunciaron que las movilizaciones continuarán si no se corrigen los presupuestos y no se retira el anteproyecto de ley, y llamaron al resto de la comunidad educativa y sociedad civil a unirse en defensa del sistema universitario público.
La protesta de este jueves evidencia que la tensión con el Ejecutivo autonómico no ha remitido y que el conflicto universitario sigue abierto con el cierre del año académico y la negociación presupuestaria aún en marcha.