Gobierno lleva a los tribunales la adscripción universitaria del ICAM autorizada por Ayuso

El Gobierno de España ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión de la Comunidad de Madrid de autorizar la adscripción del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense (UCM) como centro universitario privado. La medida, aprobada por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades el pasado 11 de noviembre, abriría la puerta a que un colegio profesional imparta títulos oficiales de grado y máster, un escenario inédito en España y que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades considera contrario al marco legal vigente.

El recurso, presentado a través de la Abogacía del Estado y encabezado por el departamento de Diana Morant, sostiene que “la docencia debe residir en las universidades”, donde se concentra el profesorado y la metodología académica necesaria para garantizar estándares de calidad. Para el Ejecutivo, permitir que un colegio profesional se convierta en centro adscrito supone un precedente peligroso que podría derivar en la progresiva cesión de la formación superior a intereses particulares y acelerar el debilitamiento de la universidad pública.

La polémica se produce en un contexto de alta tensión política entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y está marcada por la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El ICAM fue acusación particular en ese procedimiento, lo que ha alimentado las sospechas de trato de favor. El propio Colegio ha rechazado “tajantemente” cualquier insinuación en ese sentido, recordando que su proyecto universitario se inició en 2022 y que la adscripción ha seguido un procedimiento administrativo prolongado entre 2023 y 2025 con informes técnicos y académicos favorables.

Pese a ello, el PSOE-M también ha recurrido la orden ante el TSJM. Su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, ha calificado la iniciativa como un ejemplo de “chiringuitos privados” y ha advertido de que el ICAM “no está para hacer negocios ni para expedir títulos universitarios”. Para los socialistas, la medida perjudica tanto al propio Colegio como a las universidades públicas madrileñas, ya tensionadas por problemas de financiación y protestas estudiantiles.

Las críticas no proceden solo del ámbito político. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, ha anunciado que recurrirá la autorización y ha calificado la decisión como “una puerta falsa para crear universidades donde no las hay”. La Fundación Madri+d, encargada de velar por la calidad del sistema universitario madrileño, también alertó por escrito de un conflicto de intereses y de que la iniciativa chocaba con los estatutos del propio ICAM.

Uno de los puntos centrales del debate es que los estatutos de los colegios profesionales no contemplan la docencia universitaria como función propia. Para salvar este obstáculo, el ICAM modificó sus estatutos en nueve meses, un movimiento que sus detractores consideran ad hoc. La Abogacía General de Madrid concluyó en mayo de 2024 que un colegio podría ser titular de un centro adscrito solo si sus estatutos recogían expresamente la actividad docente, condición que ahora el ICAM cumple formalmente.

El Ministerio advierte además de un riesgo sistémico. Si otros colegios profesionales siguieran el mismo camino, se abriría un escenario en el que grupos corporativos podrían competir con facultades públicas, especialmente en áreas como Derecho, generando una dualidad entre una educación accesible y otra potencialmente excluyente por precio.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid defiende que el proyecto “cumple escrupulosamente la normativa” y cuenta con todos los informes favorables. El Gobierno regional recuerda que el Ministerio otorgó al centro el código necesario para su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), aunque el propio Ministerio replica que ese trámite fue un acto debido y no un aval sustantivo.

El recurso del Gobierno no paraliza automáticamente la tramitación del centro, pero abre un proceso judicial que puede prolongarse meses y que marcará un precedente sobre el papel de los colegios profesionales en el sistema universitario español.