El Supremo condena a Ábalos y Koldo a penas de cárcel por el 'caso mascarillas' y libra a Aldama de prisión

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el marco de la primera pieza del 'caso Koldo'. Asimismo, el tribunal ha impuesto 19 años y ocho meses de cárcel a su antiguo asesor áulico, Koldo García, por la comisión de la misma amalgama delictiva.

La resolución, que consta de más de 200 folios y ha tenido como ponente al magistrado Andrés Martínez Arrieta, fija sin embargo unos límites penales de cumplimiento efectivo máximo sobre la calzada penitenciaria: 16 años y medio para el que fuera secretario de Organización del PSOE y 15 años para García.

Ambos comparecieron por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, donde cumplen prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. En el extremo opuesto del banquillo de los acusados, el empresario y comisionista Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero la Sala ha acordado suspender la ejecución de su entrada en prisión tras aplicarle una atenuante de confesión "muy cualificada" por su colaboración estrecha con la justicia. Aldama evitará ingresar en un centro penitenciario si no reincide, presenta informes de actividad semestrales y realiza trabajos en beneficio de la comunidad.

Mordidas mensuales, enchufismo y adjudicaciones a dedo

El relato que la Sala Penal da por probado asume casi de manera íntegra las tesis defendidas durante el proceso por la Fiscalía Anticorrupción. El Supremo considera acreditado que Ábalos, Koldo y Aldama tejieron una "organización criminal" estructurada con el único propósito de obtener un lucro económico masivo al amparo del cargo público del exministro. La trama desvió la compra de un lote de 13 millones de mascarillas sanitarias en plena pandemia de la COVID-19 hacia la mercantil Soluciones de Gestión, controlada en la sombra por Aldama, a través de contratos adjudicados a dedo por entes dependientes de Transportes como Adif y Puertos del Estado.

A cambio de esta intermediación ilegal, el tribunal ratifica la existencia de un circuito de "mordidas económicas" periódicas. Entre ellas, destaca el abono de una retribución mensual de 10.000 euros en efectivo destinada a costear los "gastos fijos" de José Luis Ábalos, la compra y alquiler de inmuebles residenciales en zonas de lujo como el Paseo de la Castellana en Madrid, Marbella y La Línea de la Concepción, o el pago de los costes de arrendamiento de viviendas particulares. De igual modo, la justicia halla probado que el exministro y su asesor utilizaron su ascendencia política para la contratación fraudulenta de dos mujeres vinculadas al exdirigente, Jésica Rodríguez y Claudia Montes, dentro de las plantillas de las sociedades estatales Ineco, Tragsatec y Logirail.

Un duro varapalo al sistema institucional

En los fundamentos de derecho de la sentencia, los magistrados lanzan una severa advertencia sobre la gravedad intrínseca del caso, remarcando que "el efecto más grave" de los hechos enjuiciados es "el deterioro de la confianza ciudadana en su sistema político". El Supremo argumenta con contundencia que los delitos cometidos de forma directa por quien ostentaba una de las carteras ministeriales con mayor dotación presupuestaria del Estado "quiebran la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía".

Esta resolución de la Sala Penal del Supremo se convierte, además, en una pieza doctrinal y jurídica determinante para el porvenir de las restantes ramificaciones que componen el 'caso Koldo', las cuales continúan instruyéndose de forma separada en los juzgados de la Audiencia Nacional en torno al presunto amaño de contratos de obras públicas, cobros en bilingüe y desvíos de fondos adicionales.