El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos entre el 3 y el 13 de noviembre

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado para los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración a la prensa de un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador. El alto tribunal ha admitido la declaración de 40 testigos, entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y Juan Lobato, exlíder del PSOE madrileño.

El origen del caso: la filtración a la Cadena Ser

Según la acusación, García Ortiz habría filtrado el 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser un correo electrónico enviado un mes antes por el abogado Carlos Neira, representante de González Amador, en el que proponía un acuerdo con la Fiscalía para reconocer delitos fiscales a cambio de una rebaja de pena.
La filtración, supuestamente procedente del entorno del fiscal general, se produjo horas después de que estallara el caso mediáticamente.

La Fiscalía General del Estado ha negado cualquier irregularidad y ha defendido que la publicación del correo no vulneró la confidencialidad, mientras que las acusaciones particular y popular sostienen que el acto constituyó una revelación de secretos tipificada en el Código Penal.

Un juicio con amplio elenco de testigos

El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta y compuesto por magistrados como Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo y Susana Polo (esta última será la ponente), ha aprobado una amplia batería de testigos y pruebas documentales.

Además de Miguel Ángel Rodríguez y Juan Lobato, comparecerán:

• El propio Alberto González Amador.

• Ocho fiscales, entre ellos Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, que fueron inicialmente investigados pero luego exonerados.

• Once guardias civiles de la UCO, que participaron en la investigación.

• Una docena de periodistas y miembros de la Abogacía, incluido Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid.

El tribunal también ha aceptado la declaración del abogado Carlos Neira, autor del correo objeto del procedimiento, y ha autorizado que el propio García Ortiz declare al final del juicio, una vez escuchados todos los testigos y peritos.

Pruebas documentales y periciales

El Supremo ha solicitado como prueba los expedientes gubernativos relacionados con el caso González Amador, así como con las sociedades Maxwell Cremona y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente, empresas investigadas en el procedimiento por presunto fraude fiscal.

Asimismo, ha requerido a la Cadena Ser la grabación íntegra del programa Hora 25 emitido el 13 de marzo de 2024 entre las 23:15 y 23:30 horas, junto con la certificación de la hora exacta de publicación de la noticia (23:51), para determinar si coincide con la filtración del correo electrónico remitido por Neira a la Fiscalía.

Un tribunal de mayoría conservadora y un juicio con fuerte carga política

La composición del tribunal —mayoritariamente conservadora— ha suscitado expectación política, dado el cargo institucional del acusado. Pese a la apertura de juicio oral, el Supremo no ha suspendido a García Ortiz de sus funciones como fiscal general, decisión que ha generado críticas en algunos sectores judiciales y políticos.

El proceso se desarrollará en doble sesión de mañana y tarde, a partir de las 10:00 horas. La defensa de García Ortiz ha solicitado la libre absolución, mientras que las acusaciones mantienen que el fiscal general “abusó de su posición institucional para filtrar información confidencial con fines políticos”.

Contexto político y repercusión institucional

El caso se enmarca en la tensa relación entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, tras las acusaciones de Ayuso de que la filtración fue “una operación política” para dañar su imagen. El Gobierno, por su parte, ha defendido la independencia del fiscal general y ha pedido respetar el procedimiento judicial.

El juicio, que se prevé mediático, será clave para determinar si el máximo responsable del Ministerio Público vulneró la confidencialidad de una investigación penal en curso, lo que podría derivar en consecuencias institucionales de gran calado.