El Supremo condena a la Comunidad a pagar 450.000 euros al Ayuntamiento de Rivas por un convenio educativo incumplido
El Tribunal Supremo ordena a la Comunidad de Madrid pagar 451.399 euros al Ayuntamiento de Rivas por incumplir un convenio educativo durante la pandemia
El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid a abonar 451.399,52 euros al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por el incumplimiento de un convenio de colaboración en materia educativa durante los meses de confinamiento de 2020, en plena pandemia de la COVID-19.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de casación interpuesto por el Consistorio ripense y revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en 2022 había rechazado la reclamación presentada por el Ayuntamiento.
El Alto Tribunal considera acreditado que la Consejería de Educación y Juventud no cumplió con sus obligaciones de financiación durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, pese a que el Ayuntamiento mantuvo la actividad educativa a distancia y asumió los costes del personal.
La Comunidad incumplió el convenio educativo durante el confinamiento
El origen del conflicto se remonta al curso 2019-2020, cuando el convenio entre ambas administraciones establecía la cofinanciación del funcionamiento de las escuelas infantiles y la Casa de Niños, centros de titularidad municipal.
Tras la suspensión de las clases presenciales por la Orden 338/2020 de la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento decidió mantener los contratos del personal educativo para garantizar la continuidad pedagógica online, asumiendo íntegramente el coste de los salarios y servicios.
El Supremo ha determinado que la Comunidad debía haber mantenido sus aportaciones económicas en virtud del convenio, ya que el Ayuntamiento cumplió con su parte contractual pese a la crisis sanitaria. En consecuencia, la sentencia ordena el pago inmediato al consistorio de 451.399,52 euros, correspondientes al trimestre de marzo a mayo de 2020.
El Supremo anula la sentencia previa del TSJM
La resolución del Alto Tribunal anula la sentencia del TSJM y da la razón al Ayuntamiento de Rivas, estimando su recurso contencioso-administrativo. El fallo, además, no impone costas procesales a ninguna de las partes, que deberán asumir sus propios gastos.
Según el texto judicial, la Comunidad “no podía desligarse de sus obligaciones de financiación amparándose en la suspensión de la actividad presencial, ya que el servicio educativo se siguió prestando bajo otra modalidad”.
La Comunidad “acata” la sentencia pero plantea compensar deudas
Tras conocerse la decisión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado que la Comunidad de Madrid acata la sentencia del Tribunal Supremo.
“El cierre de las escuelas infantiles fue consecuencia directa de la pandemia, pero acatamos la resolución judicial”, ha señalado García Martín. No obstante, ha recordado que el Ayuntamiento de Rivas mantiene una deuda de siete millones de euros con la Agencia de Vivienda Social, lo que abre la posibilidad de una compensación de deudas entre administraciones.
“Ese Ayuntamiento nos adeuda siete millones de euros y hay una sentencia pendiente de ejecución, por lo que probablemente plantearemos una compensación”, añadió el consejero.
Un precedente en los litigios por la gestión educativa durante la pandemia
La decisión del Tribunal Supremo sienta un precedente en la interpretación de los convenios educativos firmados entre administraciones locales y autonómicas durante la pandemia. El fallo establece que las comunidades autónomas deben mantener sus compromisos financieros incluso en situaciones excepcionales, cuando los servicios se sigan prestando, aunque sea en modalidad no presencial.
Para el Ayuntamiento de Rivas, la sentencia representa una victoria jurídica y económica, al reconocer el esfuerzo realizado durante los meses más duros del confinamiento para garantizar la continuidad del aprendizaje y el empleo del personal docente municipal.
Con esta resolución, el Alto Tribunal refuerza la obligación de la Comunidad de Madrid de cumplir los convenios firmados con los ayuntamientos y reconoce el derecho de Rivas a recibir los fondos correspondientes, cerrando así un litigio que se prolongaba desde hace más de tres años.