Justicia y proceso penal

El Supremo acuerda que Ábalos y Koldo García comparezcan presencialmente en la audiencia preliminar del caso mascarillas

Sede del Tribunal Supremo - Foto de Servimedia
El Tribunal Supremo ha acordado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comparezcan presencialmente ante la Sala de lo Penal el próximo 12 de febrero de 2026 para la celebración de la audiencia preliminar en el marco del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, rechazando sus peticiones de seguirla por videoconferencia. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una providencia en la que establece que tanto José Luis Ábalos como Koldo García deberán acudir de forma presencial a la audiencia preliminar fijada para el 12 de febrero de 2026, en el contexto del proceso penal conocido como el caso mascarillas, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.

Ambos acusados se encontraban en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real desde finales de noviembre pasado y habían solicitado al alto tribunal la posibilidad de seguir la vista preliminar mediante videoconferencia, alegando problemas de salud y dificultades derivadas del traslado desde la cárcel. El Supremo ha rechazado estas solicitudes, al entender que la celebración de la audiencia preliminar exige la asistencia presencial de los acusados y de sus abogados, tal como establece el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicado en el procedimiento.

La audiencia preliminar constituye un paso procesal previo al juicio oral en el que las partes pueden plantear cuestiones como la posible nulidad de actuaciones, la competencia del órgano judicial o la suspensión del juicio por causas específicas, además de proponer pruebas o documentos antes de que el tribunal fije la celebración del juicio oral.

Ábalos y García se enfrentan a acusaciones relacionadas con supuestos delitos como tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y cohecho continuado, entre otros, en el marco del procedimiento que investiga la presunta obtención de beneficios irregulares por parte de los acusados en contratos públicos vinculados a la pandemia de COVID-19. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Ábalos penas de hasta 24 años de prisión en este caso, mientras que para Koldo García plantea una pena de 19,5 años.