Renfe recurre a la Audiencia Nacional la obligación de abrir sus talleres a Iryo por su impacto en el servicio
Renfe acude a la Audiencia Nacional contra la CNMC por obligarle a abrir sus talleres, alertando de impacto en el servicio público
Renfe ha decidido acudir a la Audiencia Nacional para defender sus intereses y el servicio público ferroviario tras la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que le obliga a abrir sus talleres de mantenimiento pesado a operadores competidores, en concreto a Iryo.
La compañía considera que esta decisión supone una imposición que excede el marco legal actual y que puede tener consecuencias directas sobre la operativa ferroviaria.
Riesgos operativos y saturación de instalaciones
La resolución afecta principalmente a la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra, que según Renfe se encuentra al límite de su capacidad operativa, sin margen para asumir trabajos adicionales.
La empresa rechaza el criterio utilizado por el regulador, al considerar que equipara intervenciones sin tener en cuenta su complejidad técnica, lo que podría comprometer recursos críticos y la programación del mantenimiento.
Además, cuestiona el dato de ocupación del 7%, señalando que la cesión real superaría el 10% anual, debido a las limitaciones técnicas y a la disponibilidad efectiva de las vías.
Impacto en el servicio ferroviario y en la disponibilidad de trenes
Renfe advierte de que la obligación de abrir sus talleres generará problemas operativos graves y una menor capacidad de mantenimiento de su propia flota, lo que obligaría a desplazar trenes para dar cabida a los de otros operadores.
Esto podría traducirse en una reducción de trenes en circulación y ajustes en la oferta, con especial impacto en:
- La alta velocidad Madrid-Barcelona
- El Eje Atlántico, Huelva y País Vasco
- Los servicios AVANT, especialmente Valladolid-Madrid
La compañía estima que estas consecuencias derivarían en pérdidas económicas superiores a 60 millones de euros anuales, debido a la caída de ingresos y los desajustes operativos.
Críticas a una resolución más amplia que la solicitud inicial
Renfe subraya que la CNMC ha impuesto medidas que van más allá de lo solicitado por Iryo, que inicialmente pedía acceso limitado a determinadas instalaciones.
Sin embargo, la resolución establece un acceso global a los talleres de La Sagra, incluyendo desmontaje y montaje de bogies, uso de equipamientos y condiciones económicas fijadas, lo que en la práctica supone, según la compañía, una apertura completa de sus instalaciones.
Alternativas y falta de obligación legal
La operadora pública recuerda que, desde la liberalización del sector en 2021, las empresas privadas han tenido tiempo para desarrollar sus propias infraestructuras de mantenimiento o recurrir a talleres en sus países de origen.
Asimismo, insiste en que la legislación solo obliga a facilitar acceso para mantenimiento ligero, no para mantenimiento pesado, por lo que considera que no existe obligación legal de ceder sus talleres en estas condiciones.
Renfe también confirma que las negociaciones con Iryo no prosperaron y no existe contrato en vigor, lo que refuerza su postura.
Plan de inversión y mensaje de tranquilidad
En paralelo, la compañía destaca su Plan de Talleres 2025-2030, dotado con más de 1.000 millones de euros, destinado a modernizar el mantenimiento de su flota, incluyendo nuevas infraestructuras como una base en Móstoles.
Pese al conflicto, Renfe lanza un mensaje de tranquilidad a los usuarios, asegurando que no se prevén afecciones inmediatas en el servicio, aunque advierte de las consecuencias que podría tener la aplicación de la resolución en el futuro.