Hazte Oír denuncia ante Europa el “plan del Gobierno para amordazar a los jueces y destruir la separación de poderes”

La organización Hazte Oír ha presentado una denuncia formal ante tres instituciones europeas —la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo— para alertar del supuesto “ataque total” del Gobierno de Pedro Sánchez contra la independencia judicial y la separación de poderes.

Según la entidad, el Ejecutivo “está ejecutando un plan calculado para someter a los jueces, controlar los tribunales y destruir la independencia judicial en España”. En su denuncia, Hazte Oír solicita a los organismos europeos que activen mecanismos de supervisión y condenen “el nuevo ataque al Estado de Derecho”.

Una denuncia ante Europa por la “deriva autoritaria”

En el documento remitido a las instituciones europeas, la organización presidida por Ignacio Arsuaga sostiene que el Gobierno socialista “está llevando a España a una situación de riesgo institucional extremo, incompatible con los valores democráticos europeos y con el propio Estado de Derecho”.

Hazte Oír fundamenta su denuncia en dos iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo:

• La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que busca —según la denuncia— “debilitar el papel de los jueces de instrucción y otorgar mayor poder a la Fiscalía, cuyo superior jerárquico es nombrado directamente por el Gobierno”.

• La llamada “Ley del Silencio Judicial” o “Ley Mordaza Judicial”, una propuesta que, según la organización, pretende prohibir a los magistrados expresar públicamente opiniones sobre el Estado de Derecho o cuestiones institucionales.

“Sánchez no se conforma con colocar a sus aliados en las instituciones judiciales; ahora quiere silenciar a los jueces”, recoge el texto de Hazte Oír.

Acusaciones de vulneración del Derecho europeo

La denuncia cita de manera expresa la vulneración de los artículos 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) —que consagra el respeto a la dignidad humana, la libertad y el Estado de Derecho— y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), que garantiza el derecho a un juez independiente e imparcial.

El texto subraya que las reformas promovidas por el Ejecutivo suponen “un ataque estructural al sistema de garantías procesales y a la independencia judicial”, al trasladar la dirección de las investigaciones penales a una Fiscalía “dependiente del Gobierno”.

Asimismo, Hazte Oír recuerda que tanto la Comisión Europea como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) han advertido repetidamente sobre la falta de autonomía del Ministerio Fiscal en España y sobre la necesidad de desvincular el mandato del Fiscal General del del Ejecutivo.

“Un golpe institucional a través de leyes”

La organización califica el conjunto de reformas promovidas por el Gobierno como un “golpe de Estado fáctico mediante instrumentos legislativos”, al considerar que buscan “controlar la Justicia, amordazar a los jueces y blindar la impunidad de los responsables políticos”.

Hazte Oír denuncia también la falta de independencia del actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, y sostiene que la Fiscalía actúa bajo la influencia directa del Gobierno.

“El PSOE y Pedro Sánchez han copado las instituciones, pero les faltan los jueces, último bastión del Estado de Derecho en España”, afirma el documento.

Llamamiento a las instituciones europeas

La entidad pide a la Comisión de Venecia que admita y condene la denuncia, y que las instituciones europeas “intervengan de forma urgente” para frenar el deterioro democrático en España.

Según el escrito, la reforma de la LECrim y la Ley Mordaza Judicial “colocan a la Justicia bajo control político y eliminan la supervisión independiente del Ejecutivo”, lo que supondría “una violación directa de los compromisos europeos asumidos por España”.

Hazte Oír concluye su denuncia advirtiendo que “si Europa no actúa ahora, la erosión del Estado de Derecho en España podría convertirse en una amenaza para toda la Unión”.