La Audiencia Provincial confirma el procesamiento de González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el procesamiento de Alberto González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con otro de falsedad documental, en el marco de la causa abierta por un presunto fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021.

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por González Amador y por la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L., contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

La defensa alegaba vulneración de derechos fundamentales

En su recurso, la defensa del empresario solicitaba la nulidad de la resolución que acordaba continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado, un paso previo a la apertura de juicio oral. Argumentaba que el proceso se había desarrollado sin permitirle practicar diligencias de investigación solicitadas, lo que a su juicio vulneraba los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 24 de la Constitución.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado estos argumentos y ha recordado que las diligencias reclamadas, como la declaración de testigos o la ratificación de un informe pericial tributario presentado fuera de plazo, ya habían sido denegadas por no considerarse necesarias ni útiles para esclarecer los hechos.

El tribunal también subraya que, aunque González Amador manifestó su disposición a declarar nuevamente ante la jueza, nunca lo solicitó formalmente, por lo que no puede alegar indefensión.

De esta forma, la Sala considera concluida la instrucción y confirma el auto de procedimiento abreviado, dejando el caso listo para la apertura de juicio oral.

La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión

En septiembre, la jueza instructora —ya jubilada— decretó la apertura de juicio oral contra González Amador y otros cuatro investigados. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión por dos delitos fiscales en concurso con falsedad documental, mientras que las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid elevan la petición a cinco años de cárcel, al incluir además delito contable y pertenencia a grupo criminal.

Reacciones políticas a la decisión judicial

Tras conocerse la resolución, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, celebró la decisión de la Audiencia y afirmó que “Amador está más cerca de Soto del Real que del ático de lujo”, en alusión al escándalo mediático que rodea al caso.

Bergerot añadió que la presidenta Isabel Díaz Ayuso “sabe que no puede ganar unas elecciones con su pareja en la cárcel”, y anunció que su grupo parlamentario pedirá la retirada del pasaporte de González Amador, después de que este manifestara su intención de abandonar el país tras declarar en otra causa.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, sostuvo que la decisión judicial “demuestra que no ha habido operación de Estado ni persecución, sino un procedimiento judicial por presuntos delitos de fraude fiscal que van a ser juzgados”.

Sánchez Acera añadió que “no hay ni Miguel Ángel Rodríguez ni Isabel Díaz Ayuso que tapen esta realidad”, insistiendo en que el caso pone de relieve la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el entorno político madrileño.

Un caso con repercusión política

El proceso judicial contra González Amador ha adquirido una fuerte relevancia política por su vinculación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la oposición, tanto Más Madrid como el PSOE han reclamado explicaciones públicas y han exigido que el Gobierno regional mantenga la neutralidad institucional ante el avance del procedimiento judicial.

Mientras tanto, la confirmación del procesamiento supone un nuevo paso en una causa que, según fuentes judiciales, podría entrar en fase de juicio oral a comienzos de 2026, con una amplia expectación mediática y política en torno a su desarrollo y consecuencias.