González Amador pide mantener la fianza al fiscal general: “No es el Estado, es un acusado”
Alberto González Amador pide al Supremo que mantenga la fianza a García Ortiz, acusado de revelar secretos, y rechaza su exención por cargo público
El conflicto judicial entre Alberto González Amador y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, da un nuevo giro. El empresario madrileño ha solicitado al Tribunal Supremo que mantenga la fianza impuesta al fiscal general, rechazando el recurso de apelación presentado por este último y argumentando que “no puede beneficiarse de una exención legal” que solo se aplica a las instituciones del Estado, ya que en este caso actúa “como un acusado, no como el Estado”.
González Amador rechaza la exención solicitada por García Ortiz
González Amador se opone a la petición de García Ortiz de quedar exento de fianza al amparo del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Dicho precepto establece que el Estado, sus organismos y determinados altos cargos no están obligados a prestar fianza en los procedimientos judiciales en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la defensa del empresario sostiene que esta excepción no es aplicable, ya que el fiscal general está siendo procesado a título personal, por lo que debe responder como cualquier ciudadano ante la Justicia. “García Ortiz no representa al Estado en este procedimiento. Está siendo juzgado como acusado”, subraya el escrito.
El Supremo decidirá si se mantiene la fianza
La decisión final sobre la fianza recaerá en la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre el recurso interpuesto por García Ortiz. El fiscal general busca que se revoque la decisión del juez instructor, Ángel Hurtado, quien le impuso una fianza tras su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos.
La filtración del correo a la Cadena SER, origen del caso
El origen del proceso se remonta a la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Cadena SER difundió el contenido de un correo electrónico enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía, en el que el empresario se ofrecía a reconocer delitos fiscales y alcanzar un acuerdo de conformidad con Hacienda.
La filtración, según la acusación, habría sido autorizada o facilitada por García Ortiz, lo que motivó su imputación por revelación de secretos. De confirmarse los hechos, el fiscal general podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación para ejercer cargo público.
Declaraciones ante el Supremo y nuevos vídeos
Este viernes, varios medios han difundido los vídeos de las declaraciones ante el Tribunal Supremo tanto de Álvaro García Ortiz como de Alberto González Amador. En su testimonio, el fiscal general negó cualquier revelación de información reservada, mientras que González Amador afirmó que intentó llegar a un acuerdo con Hacienda porque se sentía perseguido por su relación con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
“Pensé que me estaban investigando por ser su pareja, pero ella no tenía nada que ver”, aseguró el empresario durante su interrogatorio.
Un juicio que marcará un precedente institucional
El juicio contra el fiscal general del Estado comenzará el 3 de noviembre y se extenderá hasta el día 13. Se trata de un proceso sin precedentes en la historia judicial reciente, ya que es la primera vez que un fiscal general en activo es juzgado por un presunto delito de revelación de secretos.
El caso ha generado una gran tensión institucional entre el Gobierno, la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo, en un contexto político marcado por la confrontación entre el Ejecutivo y la Comunidad de Madrid.
Por ahora, el debate sobre la fianza —y su posible exención— será el primer capítulo de un proceso judicial que podría determinar el futuro de la cúpula del Ministerio Público y redefinir los límites de la responsabilidad penal de los altos cargos del Estado.