El Gobierno endurece los requisitos para crear universidades privadas y Madrid anuncia que lo llevará a los tribunales
El Gobierno de España ha aprobado un nuevo decreto que endurece los criterios para la creación y reconocimiento de universidades privadas y centros superiores, con el objetivo de garantizar la calidad académica, la sostenibilidad económica y la actividad investigadora de las nuevas instituciones. La norma, que entrará en vigor el 27 de octubre, ha provocado un fuerte rechazo por parte de la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado que impugnará el texto ante los tribunales.
El Real Decreto de Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Superiores de Educación establece requisitos más exigentes en tres ejes fundamentales: docencia, investigación y solvencia financiera. Entre las principales novedades, las nuevas universidades deberán contar con al menos 4.500 alumnos durante sus primeros seis años de funcionamiento, ofrecer una oferta académica mínima que abarque distintos ámbitos de conocimiento y disponer de avales bancarios que garanticen su viabilidad económica a largo plazo.
Además, el texto introduce una exigencia prioritaria en materia de investigación, obligando a todas las universidades, públicas y privadas, a acreditar la existencia de actividad científica y de grupos de investigación estables como condición indispensable para su reconocimiento.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la medida asegurando que el Gobierno busca “elevar la calidad del sistema universitario y evitar la proliferación de centros sin garantías académicas o científicas”. Morant recordó que “ya existía un real decreto que establecía los requisitos, pero algunas comunidades autónomas se lo han saltado a la torera”, motivo por el cual el Ejecutivo central ha decidido reforzar los controles y exigir el cumplimiento estricto de las acreditaciones otorgadas por las agencias de calidad universitaria.
Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación sostienen que esta reforma pretende asegurar que todas las universidades españolas —tanto públicas como privadas— mantengan unos estándares mínimos de excelencia, especialmente en materia de investigación y empleabilidad. “No se trata de poner trabas, sino de garantizar que los títulos que se ofrecen tengan el valor y el rigor que exige la sociedad”, han señalado fuentes del Ministerio.
Sin embargo, la medida ha generado una reacción inmediata y contundente en la Comunidad de Madrid, una de las regiones con mayor número de universidades privadas del país. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha calificado el decreto como “un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada, la libertad de cátedra, de empresa y de educación”.
Viciana ha confirmado que el Ejecutivo madrileño presentará un recurso legal contra la norma, al considerar que invade competencias autonómicas y pone en riesgo la libertad educativa y la competitividad del sistema universitario madrileño. “Nos opondremos con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance”, afirmó el consejero, subrayando que el decreto “pretende uniformar el modelo universitario español, impidiendo la innovación y el desarrollo de proyectos educativos alternativos”.
En los últimos años, Madrid se ha consolidado como epicentro de la educación superior privada en España, concentrando más del 30 % de las universidades privadas del país y atrayendo a miles de estudiantes nacionales e internacionales. El Gobierno regional ha defendido reiteradamente este modelo, al que considera “complementario y dinamizador del sistema público”, y ha advertido de que las nuevas restricciones podrían limitar la inversión y el desarrollo de proyectos académicos de excelencia.
Por su parte, desde el Ejecutivo central aseguran que la norma no busca frenar la creación de universidades, sino “garantizar que las nuevas instituciones contribuyan de forma real al avance científico, educativo y social del país”. El Ministerio insiste en que la regulación responde a las recomendaciones de la OCDE y de la Unión Europea, que reclaman criterios homogéneos de calidad en la enseñanza superior.
El conflicto entre ambas administraciones anticipa una batalla judicial y política sobre el modelo universitario español, en la que el equilibrio entre libertad educativa y control de calidad será el eje del debate.