Moncloa sostiene que el rescate a Plus Ultra se aprobó tras un "exhaustivo y riguroso" análisis
El Ejecutivo central defiende la legalidad y el rigor técnico del rescate financiero otorgado a la aerolínea Plus Ultra en 2021. En una respuesta parlamentaria dirigida al Senado, Moncloa sostiene que los 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) se concedieron tras un procedimiento administrativo "estricto".
Esta declaración coincide con las investigaciones judiciales que rastrean presuntos vínculos entre la compañía, el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y redes asociadas al Gobierno de Venezuela.
La contestación del gabinete de Pedro Sánchez responde a las cuestiones planteadas por el senador del PP José Antonio Monago, quien alertó sobre el "riesgo reputacional e institucional grave" que suponen las informaciones sobre el uso de fondos públicos para atender obligaciones en jurisdicciones sensibles y supuestos vínculos con el poder venezolano.
Defensa del procedimiento administrativo y el FASEE
El Gobierno ha recordado que el FASEE, gestionado a través de la SEPI, es un instrumento diseñado para mantener el empleo y la actividad en sectores estratégicos impactados por la pandemia de la COVID-19. Según la respuesta oficial, la aprobación de las ayudas no fue arbitraria, sino el resultado de un proceso que evaluó la situación económica y jurídica de las empresas solicitantes, el impacto real sufrido durante la crisis sanitaria, la viabilidad de los planes de negocio presentados, las garantías aportadas para la devolución del apoyo financiero temporal y el contraste entre la versión oficial y la investigación judicial.
Mientras el presidente de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola, negaba este miércoles en la 'comisión Koldo' del Senado cualquier tipo de "trato de favor o injerencia indebida", la vía judicial mantiene abiertos varios frentes de investigación.
Un juzgado indaga si la aerolínea efectuó pagos a Julio Martínez Martínez, señalado por la UDEF como presunto testaferro y amigo personal de Zapatero, para influir en la decisión del Ejecutivo. Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción investiga si parte del capital inyectado por la SEPI terminó financiando servicios de sociedades vinculadas a esta red, lo que podría haber alimentado de manera indirecta una cadena de pagos hacia el expresidente del Gobierno.
Refuerzo de los filtros de seguridad
Ante la petición de la oposición para aclarar los fallos de supervisión, el Ejecutivo se ha limitado a subrayar la utilidad del fondo para la reactivación económica, sin detallar nuevas medidas adicionales de control frente a riesgos de corrupción transnacional o injerencias externas en la concesión de ayudas públicas estratégicas.
Las sombras de la conexión venezolana y las críticas a Zapatero
La oposición, liderada por el PP y Vox, ha calificado reiteradamente el rescate de Plus Ultra como un escándalo de Estado. Las críticas se centran en la estrecha relación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro, sugiriendo que la aerolínea actuó como un puente de intereses políticos más que como una empresa estratégica para España (en el momento del rescate solo aportaba el 0,1% de la cuota de mercado).
La paradoja de que una compañía con apenas unos pocos aviones y pérdidas constantes fuera salvada con 53 millones de euros de dinero público ha alimentado las sospechas de un pago de favores diplomáticos. Además, la UDEF ha puesto el foco en Julio Martínez, socio de la aerolínea y presunto intermediario, por sus vínculos financieros con el entorno de Zapatero, lo que para la oposición confirma que el rescate fue una decisión política teledirigida desde instancias superiores para proteger intereses opacos en Venezuela.
La paradoja de la Agenda de Regeneración
Resulta especialmente controvertido que estas revelaciones coincidan con la reciente puesta en marcha por parte del Gobierno de una Mesa contra la Corrupción y una nueva agenda de regeneración democrática. Mientras el Ejecutivo saca pecho de su compromiso con la transparencia y la limpieza de las instituciones para combatir malas prácticas, se ve obligado a defender ante el Senado un rescate que el Tribunal de Cuentas ya cuestionó por su falta de justificación técnica clara.
Para los partidos de la oposición y diversos analistas jurídicos, esta situación genera una disonancia insostenible: el Gobierno intenta abanderar la ética pública mientras mantiene bajo secreto de Estado actas de la SEPI y bloquea información sobre las auditorías que permitieron la inyección de fondos en una empresa cuya solvencia previa a la pandemia era ya inexistente.