García Ortiz defiende su papel como fiscal general en un tenso inicio del año judicial presidido por el Rey
El fiscal general reivindica su legitimidad pese a estar procesado y Perelló reclama frenar las descalificaciones a la Justicia para preservar la confianza ciudadana
El año judicial 2025 se ha inaugurado este viernes en el Tribunal Supremo con un ambiente marcado por la tensión institucional. El acto, presidido por el Rey Felipe VI, ha contado con la intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya presencia había sido cuestionada por asociaciones de jueces y fiscales y por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a que está procesado por la presunta revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
“Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia, en el Estado de Derecho y en la verdad”, declaró García Ortiz, quien afirmó ser “plenamente consciente de las singulares circunstancias” de su intervención. Recordó que su presencia no es opcional, sino obligatoria por ley, y defendió a la Fiscalía como una institución sólida y confiable que garantiza el cumplimiento de la ley y que “no sucumbe ante los ataques de los delincuentes”.
En paralelo, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, instó en su discurso a los poderes públicos a evitar las “insistentes e inoportunas descalificaciones al Poder Judicial”, que, según advirtió, “socavan la confianza ciudadana en la Justicia y dañan la fortaleza del Estado de Derecho”. Subrayó que crítica y desacuerdo son legítimos, pero desacreditar a los jueces atribuyéndoles intenciones políticas es “impropio de un Estado de Derecho avanzado”.
Perelló insistió en que el Poder Judicial no debe entrar en polémicas ni responder a ataques personales o institucionales, aunque sí defender con firmeza los principios esenciales de independencia, imparcialidad e igualdad ante la ley. Recordó que el sistema judicial español es “sumamente garantista”, que protege los derechos de cualquier persona sometida a un proceso y que asegura la presunción de inocencia.
Las palabras de ambos se producen en un contexto de creciente fricción entre el Ejecutivo y la judicatura. Los vocales conservadores del CGPJ habían solicitado que García Ortiz no interviniera en el acto y que Perelló transmitiera al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, su rechazo a los recientes comentarios del presidente Pedro Sánchez sobre “jueces que hacen política”. El bloque progresista, en cambio, defendió que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a la asistencia del fiscal general y que la presencia del ministro responde a una costumbre constitucional consolidada.
El solemne acto, poco habitual en recibir aplausos a las intervenciones, fue ovacionado tanto tras las palabras del fiscal general como tras las de la presidenta del CGPJ, reflejando la relevancia de un inicio de curso judicial marcado por la controversia política y las apelaciones al respeto institucional.