Begoña Gómez recurre el jurado popular y acusa al juez de basar la causa en "conjeturas" sin indicios

Begoña Gómez ha presentado un recurso para oponerse a que su caso sea juzgado por un jurado popular, cuestionando duramente la instrucción del magistrado Juan Carlos Peinado.

El escrito, firmado por su abogado Antonio Camacho, sostiene que el auto judicial está “plagado de conjeturas, datos falaces y omisiones relevantes”, y denuncia que no existen indicios suficientes para sustentar los delitos imputados.

La defensa denuncia una causa sin base probatoria

El recurso afirma que “lo único acreditado es la voluntad del instructor de mantener viva una causa penal sin elementos que la sustenten”, llegando a sugerir que la investigación responde a su condición de esposa del presidente del Gobierno.

La defensa rechaza de forma contundente los cinco delitos atribuidos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida— y asegura que no existe evidencia alguna que los respalde.

Críticas al traslado del caso a un jurado

Uno de los puntos clave del recurso es la oposición a que el procedimiento sea asumido por un tribunal de jurado. Según el escrito, esta decisión podría “lesionar el derecho a un juez imparcial”, especialmente en un caso de alta exposición mediática.

La defensa advierte de que el juicio público paralelo generado en torno al caso puede condicionar la imparcialidad del proceso.

Los contratos investigados y la intervención de la Fiscalía Europea

El recurso también subraya que los contratos adjudicados a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, que originaron la investigación, ya no se están instruyendo en el juzgado, sino en la Fiscalía Europea.

En ese ámbito, recalca la defensa, Gómez no figura como investigada, sino únicamente como testigo, lo que refuerza su argumento de ausencia de responsabilidad penal.

Sin beneficio económico ni irregularidades en la cátedra

La defensa sostiene que no hubo irregularidades en la creación ni financiación de la cátedra universitaria que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, subraya que no existió beneficio económico personal, y que la participación del empresario Barrabés en el proyecto fue inexistente en los términos que plantea la acusación.

Rechazo de los delitos de malversación e intrusismo

Sobre la acusación de malversación, el recurso niega que el uso de una asesora suponga irregularidad alguna, recordando que este tipo de funciones son habituales y forman parte de la estructura institucional.

En cuanto al intrusismo, calificado por la defensa como “la figura delictiva más sorprendente”, se argumenta que la firma de documentos por parte de Gómez se realizó a petición de la propia universidad y dentro de sus competencias.

El software y la acusación de apropiación indebida

Respecto al supuesto delito de apropiación indebida por el registro de un software vinculado a la cátedra, la defensa explica que se trató de una actuación destinada a proteger la identidad del proyecto, sin ánimo de lucro.

Además, sostiene que este tipo de cuestiones se rigen por normativa administrativa o de propiedad intelectual, no penal.

Una causa “muy mediática” en el punto de mira

El recurso concluye que “llevamos dos años investigando un delito inexistente”, insistiendo en que el procedimiento carece de base jurídica suficiente. La defensa solicita la anulación del auto judicial que acumula las causas, atribuye el caso a un jurado popular y cita a declarar a los investigados el próximo 1 de abril.