La Nueva Asociación de Abogados del Estado denuncia el “daño institucional” tras el fallo condenatorio adelantado contra el Fiscal General del Estado

La difusión de la Providencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa 20.557/2024, que adelanta el sentido condenatorio del fallo respecto al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado una inmediata reacción dentro del propio cuerpo jurídico del Estado. La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho (N-AAE-ED) ha hecho público un comunicado en el que alerta del “gravísimo daño” institucional derivado tanto del contenido de la resolución como de la actuación desarrollada durante el procedimiento.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia por la posición del afectado —máximo responsable del Ministerio Fiscal— y por la excepcionalidad de que un Fiscal General en ejercicio pueda enfrentarse a una resolución condenatoria del Alto Tribunal. El caso, ya de por sí sensible para el equilibrio constitucional, introduce un elemento adicional: el papel desempeñado por la Abogacía del Estado, cuya intervención ha sido objeto de críticas desde los primeros compases del proceso.

Una defensa que, según la asociación, nunca debió asumirse

El comunicado, firmado por Francisco Espinosa Fernández, abogado del Estado (r) ante el Tribunal Supremo y presidente de la asociación, recuerda que desde el inicio advirtieron que la defensa institucional del Fiscal General “no se ajustaba a las normas de aplicación”. Según la N-AAE-ED, la representación procesal del titular del Ministerio Fiscal no correspondía al Abogado del Estado Institución y su aceptación supuso, desde su punto de vista, un desvío respecto a la práctica jurídica sostenida durante décadas.

Pero más allá del debate competencial, la asociación pone el foco en el modo en que se articuló la estrategia: una línea procesal basada —según el texto— en la deslegitimación del proceso y de los órganos encargados de juzgar, generando un enfrentamiento innecesario con el Tribunal Supremo y descalificaciones hacia otros servidores públicos. Para la asociación, este proceder se aleja de la tradición técnica, prudente y respetuosa que históricamente ha caracterizado a la Abogacía del Estado en su relación con jueces y magistrados.

Impacto en la imagen pública y en el equilibrio institucional

El anticipo del fallo condenatorio, subraya la asociación, “representa un gravísimo daño” no solo para el prestigio de la Abogacía del Estado, sino para su percepción por parte de la sociedad. Aunque los fundamentos jurídicos se conocerán cuando se publiquen íntegramente, la organización considera que el impacto reputacional ya se ha producido y afecta a la posición institucional del cuerpo en el entramado constitucional.

La Abogacía del Estado es una pieza estructural del sistema jurídico-administrativo español: asegura la defensa del interés público, representa al Estado ante los tribunales y garantiza la sujeción de la actuación administrativa al marco legal. Cualquier deterioro en su credibilidad —señala el comunicado— excede la coyuntura y toca un nervio del funcionamiento institucional.

Un episodio que la asociación vincula a un deterioro constitucional creciente

El texto sitúa este episodio dentro de una línea de “deterioro creciente del sistema constitucional de 1978”, un diagnóstico que —según la asociación— exige una reacción no solo técnica, sino cívica. Por ello, llama a que instituciones y ciudadanos se impliquen activamente en la defensa del Estado de Derecho, al que consideran “profundamente dañado” por este caso.

El pronunciamiento tiene un alcance que trasciende al cuerpo jurídico: introduce en el debate público cuestiones sobre separación de poderes, neutralidad institucional, respeto procesal, confianza ciudadana en la Justicia y salud del sistema constitucional.

Una voz interna que reclama volver a la tradición jurídica del Estado

La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho nació precisamente con el objetivo de preservar los principios fundacionales del cuerpo: neutralidad técnica, servicio al interés general, defensa del orden constitucional y lealtad institucional. Su comunicación, por tanto, no es solo reacción, sino reivindicación de identidad profesional.

En el contexto actual —marcado por tensiones institucionales, cuestionamientos recíprocos entre poderes del Estado y creciente confrontación pública en torno a la Justicia—, la declaración adquiere un peso particular. No procede de actores políticos, sino de juristas de carrera con amplia trayectoria en el servicio público, lo que incrementa su relevancia.

A la espera de los fundamentos jurídicos y del siguiente movimiento institucional

A falta de conocer los fundamentos completos del fallo, quedan abiertas preguntas que marcarán los próximos pasos:

– ¿cómo afectará a la continuidad del Fiscal General?
– ¿qué posición adoptará el Gobierno?
– ¿cómo responderá el propio Ministerio Fiscal?
– ¿qué consecuencias internas tendrá para la Abogacía del Estado?
– ¿se abrirá un debate formal sobre sus reglas de actuación?

Mientras tanto, la asociación insiste en que extraer lecciones de lo ocurrido es imprescindible para restaurar confianza y proteger el entramado jurídico-constitucional.

Una advertencia con vocación de futuro

El comunicado concluye con un mensaje que combina preocupación y exigencia: la defensa del Estado de Derecho no puede darse por garantizada y requiere vigilancia activa, especialmente cuando se producen casos que afectan al núcleo mismo del sistema.

En palabras de su firmante, Francisco Espinosa Fernández, el objetivo es que este episodio no se convierta en un precedente de erosión institucional, sino en un punto de inflexión que refuerce la arquitectura constitucional.