Abierto juicio oral contra el administrador del festival Mad Cool por contaminación acústica en 2023
La Justicia abre juicio oral contra el administrador de Mad Cool y la mercantil organizadora por el exceso de ruido en la edición de 2023 en Villaverde.
La jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha dictado la apertura de juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cool y contra la sociedad Mad Cool Festival S.L., acusados de un presunto delito contra el Medio Ambiente por contaminación acústica durante la edición de 2023.
En el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, se establece además que tanto el administrador como la empresa deberán prestar una fianza de 12.000 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias en caso de condena.
Origen de la causa
La investigación se inició tras una denuncia vecinal presentada por la plataforma Stop Madcool, que agrupa asociaciones de Villaverde y Getafe Norte, al considerar que durante los conciertos celebrados entre el 6 y el 8 de julio de 2023 en el recinto Iberdrola Music se superaron de manera reiterada los límites legales de ruido.
La plataforma se ha personado en la causa y reclama una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Peticiones de la Fiscalía
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita para José Javier A. L., administrador del festival, dos años de prisión, una multa de 12 meses con cuota diaria de 30 euros, inhabilitación especial de dos años para ejercer actividades vinculadas a la organización de eventos musicales y, en caso de impago, responsabilidad personal subsidiaria de hasta seis meses.
Para la mercantil Mad Cool Festival S.L., el fiscal reclama dos años de multa con cuota diaria de 100 euros, además de la inhabilitación durante dos años para obtener subvenciones públicas, contratar con el sector público o beneficiarse de ventajas fiscales y de la Seguridad Social.
Próximos pasos judiciales
El procedimiento pasará ahora a la fase de vista oral, donde se valorarán las pruebas y testimonios aportados por las partes. La resolución de este caso podría sentar un precedente en la regulación de macroeventos musicales en zonas residenciales de Madrid.