Piden más de tres años de prisión para el acusado de extraer sangre animal ilegalmente en Fuenlabrada
La protectora El Refugio ha solicitado tres años y seis meses de prisión para el empresario acusado de extraer sangre de animales de forma clandestina, en una causa que instruye un juzgado de Fuenlabrada
El caso, que ha generado una gran repercusión social, se encuentra en fase intermedia y apunta contra Luis Miguel Viñals, conocido como el “vampiro de Humanes”, a quien se le atribuyen delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional.
Según la acusación, el investigado habría desarrollado durante años una actividad ilegal basada en la extracción, tratamiento y comercialización de sangre animal sin contar con titulación veterinaria ni autorizaciones administrativas, operando en la clandestinidad desde al menos 2013.
Las investigaciones sostienen que los animales bajo su cuidado eran sometidos a condiciones incompatibles con su bienestar, siendo utilizados para la obtención de sangre que posteriormente se vendía a clínicas veterinarias.
El procedimiento no se limita al principal acusado. Otras nueve personas están imputadas como colaboradores necesarios, para quienes se solicitan penas de hasta 18 meses de prisión e inhabilitación para trabajar con animales durante cuatro años.
La actividad se habría desarrollado inicialmente en instalaciones vinculadas a una protectora y, posteriormente, en una finca ubicada en el municipio de Humanes de Madrid, donde presuntamente continuó el negocio ilegal.
Además del proceso judicial en curso, el caso ha dado un nuevo giro tras la intervención del Partido Animalista PACMA, que ha denunciado un posible quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas al acusado.
Según esta formación, el investigado se habría matriculado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de tener prohibido realizar actividades relacionadas con animales. Esta situación ha motivado la apertura de nuevas diligencias judiciales.
La jueza ha instado a la universidad a garantizar el cumplimiento de las restricciones, evitando que el acusado pueda tener contacto con animales durante su formación académica.
Desde PACMA advierten del riesgo que supondría permitir el acceso a estudios veterinarios a una persona investigada por maltrato animal, subrayando la necesidad de reforzar los controles en este tipo de casos.
Por su parte, la organización El Refugio ha reiterado la gravedad de los hechos y ha insistido en la necesidad de que se impongan penas ejemplares. También solicita la inhabilitación del acusado durante cuatro años para cualquier actividad relacionada con animales, con el objetivo de evitar que pueda reincidir.
El caso continúa su curso judicial mientras se analizan nuevas pruebas y posibles responsabilidades adicionales. La resolución final podría marcar un precedente en la lucha contra el maltrato animal y las prácticas ilegales en el ámbito veterinario en España.